LA pregunta esta en el aire desde ayer vía Parral: ¿puede un legislador que representa equilibrio y legalidad mantenerse en la silla mientras su apellido aparece ligado a un intento de homicidio? La respuesta debería ser igual de simple: no.
Y es qué hasta antes de la noche, todo indicaba que el incidente en Parral quedaría reducido a susurros de cantina. Pero el guion cambió cuando Héctor Villasana, Eloy Soto Payán y un tercer abogado decidieron jugar en serio: interpusieron una denuncia formal. Ese acto de valentía jurídica sacó el caso del terreno de lo “local” y lo empujó al ring estatal.
El PRI, acostumbrado a blindar a los suyos, hoy enfrenta la disyuntiva: cerrar filas y hundirse en la misma tumba de desprestigio, o sacrificar a Ramírez para ganar oxígeno.
Morena y Movimiento Ciudadano ya olieron la sangre y se preparan para cobrar la pieza. No lo hacen solo por ética política —que tampoco sobra—, sino porque la oportunidad de golpear al PRI en su propia casa es demasiado tentadora. El Legislativo se convierte así en arena de circo, donde cada bancada calcula aplausos y costos electorales.
Lo grave es que, una vez más, la justicia se subordina al espectáculo. No se trata solo del apellido Ramírez ni de un PRI tambaleante: se trata de la confianza que los ciudadanos aún esperan encontrar en sus instituciones. Y esa confianza se quiebra cada vez que un caso como este se politiza más de lo que se judicializa.
EN la Telesecundaria 6169 del ejido Ocampo (Los Hoyos), la luz se apagó el 19 de julio y, desde entonces, también se apagan el aprendizaje, la salud y la dignidad. La versión oficial es tan corta como el recibo: “no hay dinero”. Medio millón de pesos de adeudo y la Secretaría mirando al techo, mientras maestros y estudiantes respiran calor, no prenden aires, no usan computadoras, no imprimen tareas y pronto tampoco podrán encender los mini-split cuando llegue el frío. ¿Eso es política educativa o abandono con membrete?
La educación pública no es una dádiva: es un derecho. Y un derecho sin electricidad es una burla. Artículo 3º en mano: el Estado debe garantizar condiciones mínimas para aprender; la luz es tan básica como el pizarrón. ¿O esperan que los alumnos resuelvan ecuaciones a contraluz y que informática se imparta con mímica?
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