LA reciente detecciónde vehículos inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE) mediante papelería irregular o falsa no es una simple noticia de fraude aislado.
El hecho de que automóviles que no cumplen con los requisitos legales obtengan placas y circulen con normalidad revela una doble vulnerabilidad: fallos técnicos en los controles de verificación y, más preocupante, la persistencia de redes de corrupción interna o externa. La operación de intermediarios que ofrecen “trámites rápidos” fuera de los canales oficiales, promocionados incluso en redes sociales, no es un fenómeno espontáneo.
Todo recae, como siempre, sobre el ciudadano de a pie. Quien adquiere un vehículo de buena fe, o cuyo auto es clonado, queda expuesto a un calvario legal: la pérdida del patrimonio, la implicación en delitos que no cometió y la pesadilla de demostrar su inocencia ante un sistema que, en teoría, debería protegerlo. El REPUVE, en lugar de ser un escudo, se convierte en una amenaza latente.
¿Quiénes son los responsables de estos fallos?
MIENTRAS se habla de abrir la participación ciudadana y acabar con los acuerdos en lo oscurito, los partidos que por décadas se han repartido el poder parecen más preocupados por no soltar el control que por fortalecer la democracia.
La resistencia del PAN y el PRI a una reforma electoral que plantea revisar el esquema de representación proporcional deja ver algo más que simples dudas técnicas: revela el miedo a perder el dedazo, esa práctica tan conocida como conveniente para las cúpulas partidistas. Porque cuando se cuestionan las listas cerradas y las designaciones internas, lo que realmente se toca es el privilegio de decidir quién llega y quién no, sin preguntarle al ciudadano.
Resulta paradójico que quienes se llenan la boca hablando de institucionalidad y democracia sean los primeros en cerrar la puerta cuando se propone que la gente elija de manera directa a sus representantes. El argumento de que se “cierran mecanismos democráticos” parece más una coartada política que una preocupación genuina, sobre todo cuando el fondo del planteamiento apunta a terminar con cargos asignados por acuerdos cupulares.
El debate apenas comienza. Si PAN y PRI insisten en frenar cualquier cambio que amenace sus viejas prácticas, el mensaje para los chihuahuenses es contundente: el problema no es la reforma, el problema es soltar el control. Y mientras eso no ocurra, la palabra “democracia” seguirá siendo un discurso bonito, pero vacío.