México.- Todavía no inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo indica que la población rural del país se une en contra de una iniciativa de ley que lleva la bandera de combatir el latifundio. Las organizaciones que representan a las presuntas víctimas de lo que llaman un despojo anunciado porque significa continuar con la privatización de la tierra que llevó a cabo en 1992 Carlos Salinas de Gortari.
La propuesta es del senador Ricardo Monreal Ávila quien la presentó en tribuna el pasado 23 de octubre. Desde entonces la reacción crece y se esparce por el país a través de grupos radicales e incluso de simpatizantes de AMLO, a lo que se debe agregar un sospechoso silencio de apoyo –el que calla otorga– de organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP) y la priista Confederación Nacional Campesina (CNC), poderosa central que atraviesa por sus peores momentos.
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena contempla la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario que es rechazada. El problema es que el senador Ricardo Monreal no ha podido convencer de las supuestas bondades o que las organizaciones de indígenas y campesinos no la han sabido leer. El asunto, afirman, obliga a recordar la puñalada salinista de hace 27 años contra el campo mexicano que –curiosamente, también contó con la complicidad del CAP y de la CNC– porque atentó contra la principal conquista de la Revolución Mexicana que fue el reparto de la tierra, pues al privatizarla para que se volviera a los tiempos de Porfirio Díaz acabó con hundir a los poseedores del grandísimo territorio rural que se considera todavía propiedad social y que abarca alrededor de 100 millones de hectáreas.
Dos años después de haberse modificado el artículo 27 de la Constitución se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y luego llegaron las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto que respaldaron todos los partidos políticos cuando aún no existía MORENA. Lo peor, señalan expertos y presuntas víctimas, está por venir si no se frena, advierten, la continuidad del despojo neoliberal que tanto denunció en campaña el próximo presidente de la República.
La iniciativa de Monreal consta de 86 cuartillas que tocan al ejido y a la comunidad –más de 30 mil núcleos agrarios–, es decir, a campesinos e indígenas. De aprobarse, derogaría a la actual Ley Agraria salinista.