Chihuahua.- La Alianza Feminista de Chihuahua exhortó a las autoridades encargadas de la impartición de Justicia a que actúen conforme a Derecho y revoquen el proceso que mandata que una persona acusada de violencia sexual lleve el proceso bajo arraigo domiciliario. «Es una posición de privilegio que le están otorgando al señor Aristeo Trinidad Baca sacerdote de Cd. Juárez, acusado de pedofilia y violación a una menor de edad», señala un comunicado.
«No es posible que el Poder Judicial envíe este mensaje de impunidad a la sociedad, pues ya está más que demostrado que lo que la tiene postrada es esa pandemia que permea todos los ámbitos sociales y que la iglesia no es la excepción. Es la manera poco ética de jueces que aprovechan su cargo para beneficiar y dar veredictos de privilegio que indignan y preocupan y hacen pensar que estos sucesos son una muestra más del poder de la iglesia, que no está dispuesta a ceder y funge siendo una cueva protectora de maldad y de violación a los derechos humanos», apunta el documento.
Así mismo añade: «La medida cautelar que se ha otorgado es una bofetada, no solo para la familia de la víctima, sino para todas las familias que tienen en su haber sufrimientos por la misma causa. Alimenta el sentimiento de impunidad que prevalece en las justicia mexicana y explica la creciente ola de delitos sexuales contra niñas y niños. El efecto es aterrador por donde se le mire: pone en tela de juicio la imparcialidad de la justicia que se ejecuta, manda el mensaje de que los niños y niñas pueden ser violentados en sus derechos humanos, contribuye a la creación de un clima de “permisividad” en la comisión de delitos sexuales dirigidos a mujeres y niñas»
Finalmente, demandaron que la Iglesia reconozca la condición de criminales sacerdotes, para que enfrenten la justicia terrenal, sin privilegios por encima de la ley.