México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pidió la renuncia de 28 de los 32 encargados de velar por la justicia ambiental en los estados.
Los otros cuatro funcionarios de Profepa en Baja California, Nuevo León, Morelos y Querétaro habían presentando su renuncia desde diciembre.
De acuerdo con algunos delegados, que fueron despedidos y que actualmente están proceso de entrega-recepción, el pasado 13 de mayo recibieron una llamada telefónica de la titular de la Procuraduría, Blanca Alicia Mendoza Vera, en la que les solicitó a cada uno presentar su renuncia con fecha del 15 de mayo.
Previamente, cada uno de los delegados recibió el memorándum emitido el 3 de mayo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que detalla las medidas de austeridad a las que se apegará su Gobierno.
«El lunes 13 de mayo, nos empezó a marcar la procuradora y nos dijo que ella ya no podía hacer nada más, que por instrucciones del Presidente nos estaba pidiendo la renuncia.
«No hubo ninguna otra instrucción, lo único que dijo es que tenía que nombrar a un encargado y que le diera el nombre de esa persona porque sería responsable de la entrega-recepción», contó uno de los trabajadores que llevaba más de nueve años en la institución.
López Obrador anunció el pasado 20 de mayo que no habrá delegados del Gobierno federal y que la demanda se atenderá con trabajadores de base y sindicalizados.
En el caso de la Profepa, los delegados percibían un sueldo quincenal de 33 mil pesos bajo la categoría de trabajadores de confianza y fungían como los responsables de implementar las estrategias de procuración de justicia ambiental en los estados.
Entre sus funciones tenían la responsabilidad de emitir las órdenes que permite a los inspectores implementar operativos y realizar inspecciones en materia de industria, tala clandestina, cambio de uso de suelo, impacto ambiental, entre otras.
Durante las temporadas de incendios forestales son los encargados de movilizar a los inspectores a la zona para investigar quién era el responsable del siniestro e iniciar un expediente de investigación.
También, eran responsables de promover acuerdos de cooperación con otras dependencias como la Sedena para realizar operativos conjuntos en zonas de riesgo.
Sin embargo, con el cambio de Administración federal, se interrumpieron los acuerdos de colaboración entre la Profepa y estas dependencias, lo que ocasionó que se frenaran los operativos ambientales de alto impacto, principalmente aquellos relacionados con el combate a la tala ilegal en zonas identificadas como «altamente críticas».