Se pretendía que el Consejo Interdisciplinario y el Patronato de Reinserción puedan solicitar a la Fiscalía General del Estado omitir los antecedentes penales de una persona que estuvo recluida, pero que alcanzó la libertad definitiva, o bien, accedió a alguno de los beneficios preliberacionales establecidos.
Fue la Diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez quien dio lectura a dicho dictamen, cuyo fin era consumar una homologación en la diversidad de procedimientos penales existentes en los Estados y la Federación, encaminando también una unificación entre los distintos medios alternativos de solución de controversias, así como en la de ejecución de las penas.
Sin embargo, dentro del Dictamen emitido por la Comisión de Justicia, se declara incompetente para reestructurar el sistema penitenciario, con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, por lo cual fue clasificada de inoficiosa y sin materia, la iniciativa que pretendía reformar el artículo 174 del ordenamiento señalado.