Chihuahua.- Aceptando que había un tinte político en la revisión de las cuentas públicas que hoy se elimina con el decreto, este jueves se aprobó al fin la creación de la Ley de Fiscalización, que entre los puntos más importantes está el que “se elimina la fiscalización política de la Cuenta Pública para dar paso exclusivamente a la revisión mediante criterios técnicos”, que se suponía solo ocurría en la práctica, pero no en la normatividad.
Además, con la expedición de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua se pretenden armonizar las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado a las directrices y procesos establecidos en la Ley Federal en la materia y al Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo aquellas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, acorde con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como establecer las facultades de evaluación, control y vigilancia que debe ejercer el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Fiscalización, sobre la Auditoría Superior.
También se amplía el ámbito temporal para realizar auditorías cuando existan hechos de posible corrupción, ya que anteriormente, la auditoría y fiscalización se realizaba exclusivamente en forma posterior a la presentación de la Cuenta Pública, rigiéndose bajo los principios de posterioridad y anualidad, es decir, sólo respecto de aquellos recursos efectivamente ejercidos durante un año fiscal, y ahora, con esta propuesta de Ley, no necesariamente se tendrá que esperar a que concluya el ejercicio fiscal para comenzar el proceso de fiscalización.
Además, se reglamenta el tratamiento a las denuncias de corrupción que podrán presentar las personas particulares y las organizaciones civiles ante la Auditoría Superior. Lo anterior, a efecto de atender de manera oportuna aquellas que efectivamente cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la Ley y den origen a daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal, Municipal o al patrimonio de los entes públicos, y se optimiza la obligación a cargo de los entes públicos en la presentación de información.
En su oportunidad el diputado del Trabajo Rubén Aguilar dijo no haber entendido los datos que “les dicta el gobernador” y comenzó a hablar de novelas y “una de ellas dice que el ladrón grita al ladrón y vemos cómo alguien engaña con reglas, esta iniciativa tiene algo que ver con esto”, señaló confundiendo iniciativa con dictamen.
En el fondo lo que señaló es que “acaso creíamos que un Poder iba a vigilar a otro, pero se les da derecho a los legisladores a que vigilen dineros públicos, esta iniciativa es monstruosa, ni siquiera dan chance de leerla y debe rechazarse de inmediato”, demandó, aun cuando se trata ya de la aprobación del dictamen.