Chihuahua.- Además de ser el penúltimo estado en modificar su legislación local para crear un sistema estatal anticorrupción, SEA, Chihuahua es una de las entidades que no ha terminado de establecerlo de manera completa, y que además, comenzó dos años después.
A cinco años de aprobado el decreto que dio forma al Sistema Nacional Anticorrupción, el avance en los estados ha sido lento y muchas veces ha enfrentado resistencias o desdén por parte de las autoridades, dice un estudio realizado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre el sistema que se creó para buscar coordinar los esfuerzos de los órganos de gobierno dedicados a combatir la corrupción junto con una representación de la sociedad civil organizada.
Mientras estados como Oaxaca, que ocupa el primer lugar en la lista, modificaron su ley estatal desde el mismo 2015 cuando se creó el SNA, e instaló su Coité de Participación Ciudadana, CPC, en 2017, apenas en ese año Chihuahua comenzó hacerlo hasta agosto, para cumplir hasta marzo del año pasado con el cuarto de los cinco pasos: el nombramiento del segundo integrante del CPC, mientras que otros estados van ya por el tercero. La semana pasada se reanudaron apenas las entrevistas para tal proceso.
Con 11 empleados solamente el SEA de Guanajuato encabeza la lista, de las entidades que entregaron la información, de las que más reuniones ha celebrado con 17, mientras que Chihuahua, con 16 empleados, ha celebrado únicamente 7 reuniones; en contraste mientras que Sinaloa es la entidad que más recomendaciones por señalamientos de un hecho de corrupción ha registrado, 32 en apenas 6 reuniones, Chihuahua ha emitido una sola recomendación desde que se instaló.
A pesar de ello, Chihuahua fue una de las pocas entidades que aumentó su presupuesto de 2019 al 2020, y se colocó en la tercera posición al incrementar en un 61.25% y otorgar para este año 16 millones 700 mil pesos; mientras que el más alto fue el Estado de México con más de 93 millones de pesos, y Baja California Sur con poco menos de 4 millones; Chiapas, Ciudad de México y Morelos no destinaron presupuesto para sus sistemas.
Según el estudio, de las 32 entidades solo 27 han nombrado algún fiscal anticorrupción, de los que solo 5 son mujeres, una de ellas de Chihuahua Gema Guadalupe Chávez Durán, así como los estados de Campeche, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa.
Sobre el nombramiento de los cargos en los sistemas estatales, llama la atención los casos de Chihuahua y Nuevo León, específicamente sobre las características de perfil, porque no establecen la experiencia en temas relacionados con el combate a la corrupción como un requisito de elegibilidad, como tampoco establecen un mínimo de antigüedad de titulación.