Dentro del V Módulo del Diplomado de Auditoría y Contabilidad Gubernamental 2016, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua, el contador destacó que la corrupción será medida en dos grandes áreas, la relativa con la omisión de ingresos y la desviación de egresos, donde los archivos serán básicos pues ahí es donde se medirá la evidencia.
Con el decreto del Sistema Nacional Anticorrupción, las auditorías superiores de los estados, las contralorías estatales y los propios órganos de control interno, enfrentan ya “un gran reto” debido a que la generación de confianza en el manejo de los recursos púbicos, es un tema urgente, más que nada en el marco de las recientes noticias sobre gobernadores que no hicieron buen uso de ellos, apuntó.
Tal norma pretende coordinar al sector público, con el afán de avanzar en la prevención, detección y sanción, de y en actos de corrupción, lo cual se vuelven importantísimas las “buenas prácticas” para que, por ejemplo, el presupuesto destinado a salud, educación y obras públicas, llegue a su destino correcto, recalcó.
“El reto es que no se vuelva letra muerta. Por eso las instituciones tienen que ser atrevidas, tienen que fajarse y ser intrépidas, para el cumplimiento de la norma. Sabemos que es un tema muy delicado, donde ha habido demasiados intereses del sector público y de la iniciativa privada, porque ambos participan en actos de corrupción”, sentenció.
La importancia de no dejar pasar la oportunidad, para cambiar la idiosincrasia mexicana, en relación a no abusar de lo ajeno, mientras que instituciones de control financiero, como la Auditoría Superior o instancias internas, tendrán que ajustarse a ello.
“Poco a poco tendremos que encontrar una solución, en beneficio de las nuevas generaciones y el respeto a la norma para sanar la imagen de México, donde parece que a todos nos gusta el tema de corrupción y provocarla”, manifestó.
Enfatizó que donde más se materializa la corrupción, es en la administración de dinero público, ya sea por omisión de ingresos, lo cual busca evitar que lleguen a las arcas municipales, estatales o federales, o por aprovechamiento de egresos, referente a “sacar” dinero para que llegue al bolsillo de un particular.