Chihuahua.- Debido a que en los últimos años con la llegada de los nuevos teléfonos inteligentes conocidos como Smartphone, se ha incrementado el delito de robo para su venta en los mercados ilícitos o bien para la utilización de los datos que contienen en delitos, como secuestro, extorsiones, entre otros, el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado presentó hoy una iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar el artículo 212 del Código Penal del Estado de Chihuahua, para adicionar como agravante del delito de robo, cuando este recaiga sobre aparatos de telefonía móvil.
Argumentó que “en los últimos meses la delincuencia en el estado ha ido en incremento y que afecta a la mayoría de la población en los distintos municipios, los índices delictivos aumentan y la ciudadanía resienten la inseguridad que se percibe en la calle, en el trasporte público, en los centros comerciales, restaurantes, hasta en el propio domicilio”.
Según datos proporcionados por FICOSEC en el análisis sobre incidencia delictiva del 2020 en la ciudad de Chihuahua, uno de los delitos que más se presentó fue el robo a transeúnte, es decir el robo a las personas que van trasladándose de un lugar a otro de la ciudad, siendo el principal móvil el robo de celular o smartphone.
Y es que los teléfonos móviles han dejado de tener solamente la función de hacer llamadas y enviar mensajes, para volverse un elemento de almacenamiento de datos, conteniendo información delicada de cada usuario, y un celular contiene parte de su información más sensible y personal, como contraseñas y números de cuenta, correos electrónicos, mensajes de texto, fotos y videos, por lo que el robo de celular se ha vuelto un verdadero problema, que puede generar graves consecuencias.
Ya que generalmente, en la comisión del delito de robo de celulares media la violencia en sus diferentes modalidades, de manera verbal, física y moral e inclusive hasta se llega a privar de la vida a las personas, la propuesta es que se incluya en las agravantes establecidas en el artículo 212, a las que corresponde una sanción de 2 a 10 años de prisión.