Noticias de Chihuahua.- Datos de Amnistía Internacional y de Alianza Sierra Madre (ASMAC), han desenmascarado una realidad oculta en Chihuahua: el exterminio sistemático de activistas rarámuri en la sierra tarahumara, principalmente en la región conocida como el triángulo dorado.
Tan solo de la familia Baldenegro, tres activistas han perdido la vida defendiendo los bosques tarahumaras, Julián Baldenegro padre, y sus hijos Isidro y hace 4 días José Trinidad.
La causa, ha sido identificada como la presencia y control de grupos criminales, principalmente narcotraficantes, en la explotación forestal, en el desmonte para la siembra de marihuana y amapola, y la lucha entre los cárteles de la droga para controlar la zona.
a mayoría de los homicidios (31), se perpetraron en el municipio de Guadalupe y Calvo, El Triángulo Dorado, zona de riqueza, impunidad y paraíso para los narcotraficantes.
ASMAC, ha seguido de cerca su activismo en este municipio tarahumara, y ha revelado que no solamente los narcotraficantes asedian a los rarámuri, sino que también políticos y caciques locales para desarrollar el turismo, la ganadería o la minería.
“Choréachi (Guadalupe y Calvo), es una comunidad rarámuri del estado de Chihuahua, México, sin reconocimiento legal del Estado sobre la propiedad de su territorio ancestral. Un grupo de personas mestizas de la comunidad vecina busca el control de la zona, con violencia consistente en homicidios, amenazas con armas de fuego, quema de viviendas, robo de ganado, violación de mujeres, desplazamiento forzado”.
Añade que las autoridades tienen conocimiento de la problemática desde 2013 y que desde marzo de 2017 existe una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que se implementen medidas de protección a la comunidad, sin que a la fecha se haya atendido adecuadamente”.
Desde finales del 2021 y lo que llevamos de este año, el éxodo de cientos de habitantes de este municipio ha sido constante, a tal grado que la policía estatal, apoyada por la Guardia Nacional, han escoltado y protegido a los migrantes para que no sean masacrados en su huida.
El dato más grave, es que, en solamente 9 años, 37 activistas han sido asesinados a tiros, porque se oponían al despojo, al desplazamiento forzado, a la tala ilegal y la explotación de sus bosques.
En acciones recientes en este mes de febrero, la Fiscalía del Estado reportó el aseguramiento de pinos cortados y trasladados ilegalmente.