Noticias de Chihuahua.- Luego de una campaña mediática que incluyó hasta un símil de huelga de hambre, este lunes la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, que preside el diputado panista Gabriel Ángel García, rechazó dar entrada a la revisión de cinco solicitudes de juicio político, presentadas por un abogado local y de las que se desistió después, por lo que esto se utilizó como argumento principal.
Con cinco diputados presentes de los siete integrantes de la comisión, se dio cuenta de que se trata del expediente CJ/JP/006/2022 relativo al juicio político presentado desde el 10 de octubre del 2022 en contra de la gobernadora del Estado María Eugenia Campos; del entonces secretario General de Gobierno César Jáuregui Moreno, la entonces presidenta del Congreso del Estado, la diputada con licencia Georgina Bujanda y la actual presidenta, Adriana Terrazas Porras.
Este recurso fue promovido desde octubre del año pasado por la omisión del Gobierno del Estado en publicar en el Periódico Oficial del Estado el decreto por el que reformó la ley de Pensiones Civiles del Estado, en el que se le reconoce como autoridad fiscal debido a la situación financiera que registra desde hace varios años.
Sin embargo, ni la gobernadora lo ha publicado hasta ahora, a más de un año de aprobada la reforma, ni los diputados señalados han presionado para que así se haga, ni la presidenta saliente y hoy secretaria general de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ni la presidenta actual Adriana Terrazas, pero fue rechazado al confirmarse el desistimiento del abogado días después.
Las otras cuatro solicitudes van en contra de los diputados Francisco Adrián Sánchez, José Alfredo Chávez y Gabriel García Cantú como diputados locales, y en contra de Adriana Terrazas Porras de nuevo, ella como presidenta de la mesa directiva, en todos los casos por “actos cometidos durante el desempeño de su encargo”, como en el caso de García Cantú porque a pesar de ser el presidente de la comisión no ha dado entrada a la petición de juicios políticos.
Contra Chávez y contra Sánchez el motivo fue que, en ese entonces, ambos se desempeñaban como dirigentes de partido, a pesar de ser representantes populares en el Congreso, lo que cambió después cuando Chávez fue designado como coordinador de su bancada, y al desistirse también de ello el abogado, se dieron por concluidas las solicitudes.