EL cobro del predial en la capital se ha convertido en una lista interminable de “aportaciones voluntarias” que, en los hechos, terminan siendo obligatorias para el ciudadano. A los conceptos tradicionales que durante años se cargaron bajo el argumento de apoyar a la Cruz Roja y a la UACH, ahora el gobierno municipal decidió sumar nuevos rubros, inflando el recibo y diluyendo por completo cualquier beneficio real del llamado pronto pago.
La administración añadió contribuciones para Bomberos y hasta para el IMPAS, pese a que este último ya cobra por la atención médica que brinda. El resultado es simple: el ciudadano paga más, mientras el descuento prometido queda prácticamente anulado por la suma de conceptos que nadie puede rechazar sin quedar mal o parecer insensible.
Lo que antes se justificaba como un apoyo solidario a la Cruz Roja Mexicana o un aporte simbólico a la Universidad Autónoma de Chihuahua, hoy se percibe como una estrategia recaudatoria disfrazada de buena voluntad. Al final, el recibo del predial termina creciendo más que el ahorro anunciado, dejando la sensación de que el ciudadano no paga menos, solo paga distinto… y paga más.
EL discurso oficial de estabilidad económica volvió a ser puesto contra la pared. El senador panista Mario Vázquez Robles lanzó una crítica directa a las decisiones fiscales y arancelarias del gobierno federal, al advertir que el costo de vida se ha convertido en una carga cada vez más pesada para las familias mexicanas, muy lejos de la narrativa optimista que se presume desde el poder.
De acuerdo con el legislador, el malestar social ya no es percepción ni exageración política, sino una realidad que se palpa en la calle. Señaló que productos básicos se han encarecido de manera sostenida y puso como ejemplo el precio de la gasolina, que en varias regiones del país rebasa los 26 pesos por litro, impacto que atribuyó directamente a decisiones fiscales tomadas por el gobierno de Morena, sin considerar el efecto directo en los bolsillos ciudadanos.
Vázquez Robles también cuestionó las cifras oficiales sobre empleo, al señalar que los indicadores positivos no reflejan la realidad laboral del país. Afirmó que más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, una condición que distorsiona cualquier comparación con economías desarrolladas y deja sin protección real a millones de trabajadores.
Otro punto crítico fue el nuevo régimen fiscal aplicado al comercio digital. Advirtió que estas medidas complican la operación de pequeños emprendedores y productores que dependen de plataformas electrónicas para subsistir. A esto se suma, dijo, la aprobación de aranceles de hasta 35 por ciento a cerca de 400 productos importados de países sin acuerdo comercial con México, principalmente de origen chino, un costo que termina trasladándose al consumidor final.
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