MIENTRAS Chihuahua enfrenta altos índices de violencia, homicidios dolosos, robos y una percepción creciente de inseguridad, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, ha decidido salir a las calles… pero no con operativos visibles ni resultados contundentes, sino con espectaculares promocionales que lo proyectan rumbo a la gubernatura.
La frase “Protegiendo Chihuahua. Gilberto Loya. Habla de resultados” aparece en distintos municipios del estado, justo cuando amplias regiones siguen siendo rehén de la delincuencia organizada, cuando policías municipales carecen de respaldo efectivo y cuando la ciudadanía vive con miedo cotidiano.
El problema no es la aspiración política en sí, sino el uso del cargo de seguridad pública como plataforma personal, en un contexto donde la prioridad debería ser recuperar territorios perdidos, frenar la violencia y garantizar condiciones mínimas de tranquilidad. Promocionarse mientras los indicadores de inseguridad siguen en rojo no solo es políticamente torpe, sino éticamente cuestionable.
Chihuahua no necesita slogans ni rostros en lonas; necesita estrategias claras, coordinación real y resultados medibles. Cada espectacular contrasta con las cifras de homicidios, con los delitos que no se denuncian y con comunidades que sienten que el Estado llega tarde o simplemente no llega.
Si la seguridad es el eje del mensaje político, entonces el escrutinio debe ser más duro. En materia de seguridad pública, la propaganda no sustituye la paz, y los anuncios no tapan la realidad. Antes de hablar de resultados, habría que demostrar que Chihuahua, en verdad, está más seguro.
LA Feria de Santa Rita, uno de los eventos más emblemáticos de la capital, arrastra desde hace años una serie de cuestionamientos que hoy ya no pueden seguir ignorándose. Más allá del ambiente festivo y la tradición, el problema de fondo es la opacidad con la que se manejan recursos públicos y la forma en que se toman decisiones que impactan directamente en la economía local.
Uno de los principales señalamientos gira en torno al uso de dinero público. No existe información clara y accesible para la ciudadanía sobre si se han destinado apoyos económicos a la Feria, cuánto se ha invertido, en qué se ha gastado y, sobre todo, qué beneficios reales ha dejado para la ciudad. En un contexto donde cada peso del erario cuenta, la falta de rendición de cuentas alimenta la desconfianza y la percepción de malos manejos.
Otro foco rojo es la asignación de espacios dentro de la Feria. Año con año se repite la queja de que los lugares más rentables, como juegos mecánicos y atracciones, terminan en manos de una misma empresa externa, mientras empresarios locales quedan relegados o completamente fuera. Esto no solo genera un evidente desequilibrio, sino que contradice el discurso oficial de impulso a la economía chihuahuense.
Cuando se excluye a comerciantes y prestadores de servicios locales, se pierde la oportunidad de que la derrama económica realmente beneficie a las familias de la ciudad.
A esto se suman los esquemas de cobro a concesionarios, que tampoco han sido suficientemente claros ni equitativos.