LA hemeroteca no perdona. Y la página oficial del Municipio tampoco. Ahí sigue, intacto, el boletín donde se anuncia con firmeza que Maru Campos destituía a César Komaba por “comentarios inadmisibles” contra las mujeres. Un mensaje ejemplar, cargado de solemnidad institucional: cero tolerancia a la misoginia, compromiso absoluto con la dignidad, la igualdad, la empatía. La dignidad —decían— no es objeto de bromas.
El problema no fue el discurso. Fue la memoria.
Porque después del golpe mediático vino la realidad burocrática: Komaba no desapareció del organigrama, no se esfumó del presupuesto, no fue enviado al exilio político. Siguió cobrando en Gobernación. Y cuando la entonces regidora del PT, Nijta Leal Bejarano, alzó la voz, el castigo terminó convertido en promoción. De subdirector cuestionado pasó a director en Vialidad. Y más adelante, como cereza institucional, líder municipal del PAN.
En Chihuahua la destitución es una puerta giratoria.
Hoy el mismo César Komaba se coloca del lado de la corrección política para cuestionar comentarios misóginos atribuidos al subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Terrazas, alias “Tomatito”. Su postura es de manual: hay que esperar la investigación para determinar si habló “como ciudadano o como funcionario”. Como si la dignidad de las mujeres dependiera del horario laboral.
¿Entonces la ofensa tiene doble moral? ¿Si se lanza en calidad de ciudadano es libertad de expresión y si se hace desde el cargo es falta administrativa? ¿La misoginia cambia de gravedad según el gafete que se porte ese día?
La contradicción es grotesca. El mismo sistema que proclamó que la dignidad no es objeto de bromas terminó premiando al protagonista del escándalo. Y ahora ese protagonista se erige como árbitro ético, trazando líneas imaginarias entre la vida privada y la función pública, como si ambas no se alimentaran de la misma convicción.
Aquí no hay aprendizaje, hay reciclaje.
El mensaje que queda no es el de la igualdad, sino el de la conveniencia. Se condena en el comunicado, se acomoda en la nómina y se legitima en la dirigencia. Y luego se habla de investigar si la ofensa fue “personal” o “institucional”, como si el desprecio tuviera uniforme.
En política, la congruencia debería ser la regla. En Chihuahua parece ser la excepción. A como vamos, en unos años, “Tomatito” será director de Seguridad Pública Municipal o estatal.
LA comunidad vive horas que parecen no terminar. Más de ocho horas de enfrentamientos armados han convertido calles y viviendas en trincheras improvisadas. Lo que en los reportes se reduce a “incidentes” o “operativos”, en la realidad son familias encerradas, niños temblando, madres rezando en silencio mientras los disparos rompen la noche.
No es un hecho aislado. Son días acumulados de balaceras, ataques directos a casas, desplazamientos silenciosos y pérdidas que no tienen reparación. El asesinato de un menor de 14 años no solo dejó una tumba abierta: dejó una pregunta brutal sobre quién protege realmente a la sierra.
La autoridad municipal ha optado por el mutismo. En momentos donde se exige presencia, coordinación y liderazgo, lo que se percibe es ausencia. Cuando la gente necesita información clara, respaldo y acciones concretas, recibe silencio. Y el silencio, en medio del estruendo de las armas, también es un mensaje.
A nivel estatal, la crisis de seguridad vuelve a exhibir la fragilidad en la región serrana. La violencia no estalla de la nada; se cocina en la falta de prevención, en la reacción tardía, en la normalización de lo inaceptable. Mientras tanto, los actos públicos y las fotografías institucionales parecen pertenecer a otro estado, a otra realidad que no es la de Atascaderos ni la de Guadalupe y Calvo.
Del ámbito federal, la sensación es la misma que se repite en distintos puntos del país: una estrategia que no logra contener, una presencia que no alcanza, un Estado que llega después de que el daño está hecho. La violencia no solo disputa territorios; disputa la credibilidad del gobierno en todos sus niveles.
Hoy Atascaderos se siente abandonado. Y cuando una comunidad se siente sola frente a los fusiles, el problema deja de ser local y se convierte en una herida nacional.
No bastan comunicados ni llamados a la calma. Se necesita seguridad real, investigación efectiva, justicia visible. Se necesita que el miedo deje de ser parte de la rutina.
Porque cada hora de disparos no solo deja casquillos en el suelo. Deja cicatrices en la memoria colectiva. Y esas, cuando el Estado falla, tardan generaciones en sanar.
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