LA queja presentada por el abogado Luis Villegas Montes ante el Consejo Estatal del IEE contra Daniela Álvarez por presuntos actos anticipados de campaña huele más a ajuste de cuentas que a defensa pulcra del proceso electoral. La acusación habla de propaganda irregular detectada desde octubre de 2025 y reactivada en febrero de 2026, es decir, de una conducta sistemática y continuada. Si eso es cierto, no es un detalle menor: sería una ventaja indebida en una carrera que oficialmente aún no arranca.
Pero la respuesta de Álvarez no se centró en desmontar técnicamente la acusación, sino en cuestionar la calidad moral del denunciante. Señaló que Villegas extraña los privilegios de cuando fue magistrado, que mientras estuvo en el Poder Judicial nunca alzó la voz y que ahora actúa desde el enojo. El mensaje implícito es claro: quien acusa no tiene autoridad ética para hacerlo.
Ahí está el fondo del problema. En lugar de discutir si hubo o no actos anticipados de campaña, el debate se desplazó al pasado de Villegas, uno de los llamados “oxigenadores” designados en 2014 durante el gobierno de César Duarte y posteriormente señalados por Javier Corral por su retiro anticipado con pensiones generosas. Es un expediente polémico, sin duda. Pero convertirlo en el eje de defensa no responde a la pregunta central: ¿se respetaron o no los tiempos electorales?
El riesgo para el PAN no es solo jurídico; es narrativo. Cuando una dirigencia es señalada por adelantar campaña, la carga de la prueba no se resuelve con ataques personales, sino con evidencia clara de que cada acción se mantuvo dentro de la ley. Y cuando la réplica se enfoca en descalificar al denunciante, la sospecha no desaparece: se amplifica.
Del otro lado, tampoco hay inocencia política. Villegas no es un ciudadano improvisado; conoce los engranajes del poder y sabe que una queja electoral, aun si no prospera, instala una duda pública. En política, sembrar la duda es a veces más efectivo que ganar el caso. Al final, el árbitro será el órgano electoral.
EN el PRI estatal no solo están defendiendo un nombramiento; están intentando apagar un incendio político que amenaza con exhibirlos más en modo desconfianza.
La designación de Janet Montes como secretaria general, acompañando en la reelección a Alejandro Domínguez, no habría levantado tanto polvo si no fuera por el contexto. En un momento en que el tricolor intenta reinventarse frente a un Morena dominante, cualquier sombra de cercanía con el partido guinda se convierte en dinamita. Y esa sombra existe, guste o no, en la narrativa pública.
Ahora fue el diputado José Luis Villalobos quién salió a blindar la decisión. Dijo conocerla desde la política universitaria, recordó su trayectoria en el sector campesino y en distintas áreas del partido, subrayó que él mismo la invitó a sumarse al PRI hace años y aseguró que jamás la ha visto en actividades morenistas. El mensaje es claro: “es de casa”.
Pero el problema no es lo que Villalobos ha visto. El problema es lo que el priismo percibe.
En política, la percepción pesa tanto como la militancia formal. Las amistades públicas con figuras identificadas con Morena, como Alex LeBarón o Brenda Ríos —quien suena para la candidatura municipal en Chihuahua capital— alimentan dudas en una militancia que ya ha visto demasiadas fugas hacia el partido en el poder. El PRI ha perdido cuadros, alcaldías y estructura; ahora no puede darse el lujo de perder confianza.
Más allá de si Montes militó o no en Morena, la pregunta incómoda es otra: ¿por qué el PRI sigue generando decisiones que requieren defensa inmediata? Si el partido está en proceso de fortalecimiento interno, como argumentan sus dirigentes, debería apostar por perfiles que unan sin necesidad de aclaraciones públicas constantes.
El respaldo de Villalobos intenta cerrar filas, pero también deja al descubierto la fragilidad del momento. Cuando una designación necesita tantas explicaciones, algo no está fluyendo con naturalidad.