EN Parral una camioneta del DIF fue vista entrando al famoso Drive Inn K2 para que la indignación se sirviera más fría que las cervezas del lugar. Y es que no estamos hablando de cualquier vehículo, sino de una unidad oficial, de esas que presumen el “Cuenta conmigo”… aunque al parecer no dejaron claro para qué exactamente.
Porque mientras hay familias que de verdad necesitan apoyo, despensas o atención urgente, resulta que las camionetas que deberían estar en la calle atendiendo esas carencias terminan estacionadas donde la música suena fuerte y el ambiente es otro. La escena no solo sorprendió: indignó. Y con razón.
Las redes sociales hicieron lo suyo —como siempre— y no tardaron en exhibir lo que muchos consideran un descaro: el uso de recursos públicos en contextos que no tienen nada que ver con la asistencia social. La pregunta no es nueva, pero sí cada vez más incómoda: ¿dónde están los vehículos oficiales cuando realmente se necesitan?
Porque esto no es solo una camioneta en un bar. Es la imagen de una institución que debería ser intachable, pero que termina salpicada por decisiones que huelen más a abuso que a servicio. Y mientras nadie dé una explicación clara, la sospecha seguirá creciendo… igual que el enojo ciudadano.
DENUNCIAS de presunta corrupción, aviadores y uso político del Conalep Chihuahua vuelven a poner bajo sospecha el manejo de recursos públicos, mientras nombres concretos comienzan a salir a la luz. Y no es para menos desde que se nombró como Director General del Conalep en Chihuahua Omar Bazán Flores.
Desde el interior de la institución señalan que opera una estructura que mezcla intereses políticos con el dinero destinado a la educación, y donde los beneficiados son algunos directivos que ni se presentan a laborar.
Los “aviadores”, es decir, personas que cobran sin desempeñar funciones reales, son usados para fines políticos, desviando la función educativa hacia intereses ajenos a las aulas.
Lo más grave es que este nuevo escándalo no surge en el vacío. El Conalep en Chihuahua arrastra antecedentes de protestas, denuncias y hasta renuncias de buenos directivos por presuntos malos manejos. En años recientes, incluso se documentaron acusaciones por falsificación de documentos y desvío de recursos que terminaron con la salida de funcionarios de alto nivel.
La pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿quién está protegiendo a quién dentro del Conalep? Porque cuando los recursos educativos terminan en manos equivocadas, el daño no solo es administrativo… es generacional.
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