EL caso de Javier Renato H.A. vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuántas oportunidades más se le da a alguien antes de que el sistema actúe con contundencia? Haber sido detenido meses atrás junto a un presunto familiar cercano al líder criminal conocido como El Señor de la V y hoy aparecer como sospechoso en el asesinato de un ganadero no es un dato menor, es un síntoma.
Porque aquí no solo se habla de dos hombres —Javier Renato y Héctor Joan C.F.— enfrentando cargos por delitos contra la salud. Se habla de un proceso que parece avanzar a medias, donde la acusación más grave, el homicidio de Gerardo López Palacios, sigue en el limbo mientras la autoridad guarda silencio. Ese vacío de información no abona a la confianza pública; al contrario, la erosiona.
La prisión preventiva por 12 meses puede parecer una medida firme, pero también deja la sensación de que se está ganando tiempo. Tiempo para integrar una carpeta, tiempo para decidir si hay elementos suficientes… o tiempo para que el caso se diluya entre tecnicismos.
TAMBIÉN ell caso del crematorio Plenitud no es solo un expediente judicial más: es una herida abierta que exhibe, sin maquillaje, la descomposición institucional que permite que la muerte también se convierta en negocio… y en fraude.
Se anuncian audiencias, carpetas, acuerdos reparatorios y hasta “perdones” entre víctimas y responsables.
Las autoridades presumen avances: 75 carpetas judicializadas de 143.
Pero la cifra no tranquiliza; al contrario, confirma la magnitud del desastre. Porque no se trata de un error aislado, sino de una red de negligencias donde participaron funerarias, supervisores… y probablemente autoridades que simplemente dejaron de mirar.
Lo más grave no es solo el fraude económico —cobrar por un servicio que nunca se cumplió—, sino el fraude moral: engañar a familias en su momento más vulnerable. No hay delito más bajo que lucrar con el duelo.
Y mientras tanto, el mensaje que deja la justicia es peligroso: acuerdos reparatorios, perdones, audiencias diferidas. Como si todo pudiera resolverse con dinero o trámites. Como si el dolor tuviera precio.
Peor aún, el antecedente inmediato es indignante: un juez ya liberó al dueño del crematorio al considerar que los hechos podían ser “faltas administrativas” y no delitos graves.
Ahí es donde la confianza pública se rompe por completo.
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