EL doctor morenista juarense, José Cuauhtémoc Cervantes, pone en evidencia un tema del que pocos hablan sobre el caso de los dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que fallecieron en el estado de Chihuahua luego de participar en un operativo antinarcóticos. Un hecho delicado que, por su naturaleza, exigiría claridad institucional y no silencio o versiones a medias.
Sale a relucir el nombre de Arturo Zuany Portillo, quien ejerce actualmente como Fiscal en Operaciones Estratégicas y anteriormente laboró en la Agencia Estatal de Investigación, señalado como quien dio entrada a agentes estadounidenses al estado bajo el argumento de “protegerse”. Incluso la propia Claudia Sheinbaum habló del tema cuando se le retiró la visa a Zuany, y posteriormente se ha mencionado la conexión que ha tenido con autoridades de Estados Unidos para, presuntamente, salvaguardar su posición y la de otros funcionarios. Son señalamientos graves que, de confirmarse, implicarían responsabilidades de alto nivel.
Pues bien, ahora el coordinador estatal de la Alianza Patriótica Nacional en Chihuahua —además pensionado del ISSSTE y del IMSS— advierte que lo que circula en los pasillos del poder en Chihuahua no es menor, pero tampoco puede tomarse a la ligera. En esas versiones aparece nuevamente el nombre de Zuany Portillo, ligado —según lo que se comenta— a supuestos vínculos, tratos y hasta presiones con agencias estadounidenses como la CIA. Se habla de sobornos, de cancelación de visas y de acuerdos personales para “calmar las aguas”, en un escenario que, de ser cierto, pondría en jaque no solo a personajes específicos, sino a estructuras completas dentro del aparato de seguridad y procuración de justicia.
También se menciona que hay nombres de posibles renuncias sobre la mesa. Una cadena de responsabilidades que, en teoría, escalaría hasta comprometer aspiraciones políticas futuras, incluida una eventual candidatura municipal. El problema no es solo quién cae, sino hasta dónde alcanza la red de decisiones y omisiones dentro de las instituciones.
Pero aquí es donde el análisis debe imponerse sobre el escándalo. Lo que hoy se dice “en los pasillos” no necesariamente refleja la realidad completa. Sin pruebas públicas, sin posicionamientos oficiales claros y sin investigaciones transparentes, todo queda en un terreno peligroso.
MIENTRAS en la zona norte de Chihuahua el agua se ha convertido en un lujo intermitente, hay quien parece más enfocado en la siguiente elección que en abrir las llaves. En colonias como Quintas Quijote, Chihuahua 2000, Alamedas, Villas del Rey y Villas del Real, la queja se repite todos los días: el suministro llega a ratos, a veces en la mañana, a veces en la tarde, y en ocasiones ni eso. No es un fallo aislado, es una constante que ya desgasta a familias enteras.
El problema no es menor. El acceso al agua no debería depender de horarios caprichosos ni de “tandeos” improvisados. Es un servicio básico que exige planeación, mantenimiento y, sobre todo, responsabilidad. Sin embargo, la percepción ciudadana apunta a que la prioridad está en otro lado. Mientras los vecinos almacenan agua como pueden, el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, es señalado por andar más activo en recorridos y reuniones con tintes políticos que en resolver el desabasto.
La inconformidad crece porque el contraste es evidente. Por un lado, colonias enteras batallan para cubrir lo más básico; por el otro, se multiplican las actividades públicas que parecen más cercanas a una campaña anticipada que a una gestión técnica eficiente. Pintar bardas sin autorización y encabezar reuniones vecinales bajo el argumento de “informar resultados” poco ayuda cuando el problema sigue saliendo —o más bien, no saliendo— de las tuberías.
La pregunta es inevitable: ¿quién está realmente al frente del sistema de agua en la ciudad? Porque los hechos reflejan una desconexión preocupante entre la autoridad y la realidad que viven miles de ciudadanos.