EL discurso de defensa que han construido figuras del PAN en torno al caso de los agentes estadounidenses en la Sierra de Chihuahua revela una estrategia política que parece estar fallida. Por un lado, el senador Mario Vázquez insiste en desestimar el señalamiento sobre la presencia de agentes de la CIA, reduciéndolos a “colaboradores de la Embajada”, aun cuando esa versión ya fue cuestionada incluso desde instancias diplomáticas.
Al mismo tiempo, el propio Vázquez cae en una narrativa que se desmorona por sí sola. Habla de una “campaña política” contra el gobierno estatal, pero reconoce fallas internas en la comunicación entre autoridades. Ambas cosas no pueden sostenerse con el mismo peso sin evidenciar un intento de desviar la atención.
En paralelo, el coordinador panista Alfredo Chávez endurece el tono y recurre a un viejo recurso: polarizar. Hablar de “patriotas” contra “narcopolíticos” no solo simplifica un problema complejo, sino que busca cerrar filas mediante la confrontación, no mediante argumentos.
La defensa institucional también cae en un terreno resbaloso cuando se presume la creación de unidades especializadas para investigar los hechos, mientras crecen las voces que cuestionan la imparcialidad de que las propias estructuras señaladas sean las encargadas de indagar. La percepción de “investigarse a sí mismos” no fortalece la confianza pública; la erosiona.
Y en medio de todo, la renuncia del fiscal César Jáuregui introduce un elemento que desordena por completo la narrativa oficial. Si la estrategia era prudente y apegada a derecho, ¿por qué la salida abrupta? Su salida no solo lo deja sin fuero, también abre la puerta a presiones externas que el propio discurso oficial intenta minimizar. La imagen de un exfuncionario vulnerable frente a intereses internacionales contradice cualquier intento de proyectar control de la situación. El caso, lejos de cerrarse, apenas comienza a mostrar sus fisuras.
ANTES del siguiente tema, daré algunas cifra oficiales de autoridades federales: Chihuahua se ha colocado como uno de los estados con mayor incidencia de secuestro en México, incluso encabezando el país.
En el periodo reciente, el estado llegó a concentrar hasta el 27% de todas las víctimas de secuestro del país.
Es decir: no es percepción, es tendencia sostenida al alza.
Ahora bien…hay instituciones que se desgastan por falta de recursos… y otras que se pudren desde adentro. La llamada Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas – Encargada de luchar contra el secuestro, y la extorsión- parece estar instalada en la segunda categoría: no como un órgano que combate el delito, sino como un mercado donde la información se cotiza al mejor postor.
Lo que debería ser inteligencia para desarticular secuestros —sábanas telefónicas, geolocalizaciones— termina convertido en mercancía. Ocho mil pesos por una, cinco mil por otra. Tarifas casi de catálogo para datos que, en manos equivocadas, no solo entorpecen investigaciones: pueden costar vidas. No es una falla menor, es una traición estructural. Y peor aun cuando la presunta red no opera en lo oscuro, sino bajo la sombra de mandos que deberían garantizar legalidad.
Si se confirma que dentro de la unidad antisecuestros hay funcionarios más ocupados en hacer caja que en perseguir criminales, entonces el problema ya no es la inseguridad, es la simulación institucional. Porque mientras se vende información desde adentro, afuera el secuestro deja de ser delito de élite y se democratiza en su forma más cruel: ahora cualquiera puede ser víctima.
La ecuación es brutalmente simple: autoridades que comercian inteligencia, delincuentes que la aprovechan, y ciudadanos que quedan expuestos. En ese contexto, hablar de estrategia es casi una burla. Lo que hay no es una política de seguridad, es una fuga de poder.
Y cuando la confianza pública se rompe en el área más sensible —la que debería proteger la libertad de las personas—, ya no basta con auditorías internas ni cambios de escritorio. Lo mínimo exigible sería una investigación real, independiente y con consecuencias. Porque si el Estado vende sus propios secretos, entonces deja de ser Estado… y se convierte en cómplice.