MIENTRAS el crimen organizado se disputa a balazos la Sierra Tarahumara, miles de familias han tenido que abandonar sus hogares para salvar la vida. Y en medio de esta tragedia, el gobierno de Maru Campos enfrenta una cifra que difícilmente puede presumir: el desplazamiento forzado pasó de mil 500 personas en 2021 a casi 5 mil en 2025, un incremento aproximado del 233 por ciento durante su administración.
Los criminales se quedan con los pueblos, las familias huyen con lo puesto y las víctimas terminan buscando dónde dormir en un estado que, según denuncian, ni siquiera cuenta con una política pública capaz de resolver el problema de fondo.
La propia Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua ha reconocido, de acuerdo con la información difundida, la ausencia de una política integral para atender las causas del desplazamiento.
Y mientras los grupos armados se reparten territorios, los desplazados ahora tienen que disputarse hasta las casas abandonadas.
Decenas de familias campesinas e indígenas expulsadas por la violencia de Moris y Uruachi ocuparon pacíficamente viviendas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, en Cuauhtémoc, para exigir algo que parece demasiado pedir: un techo donde vivir.
No llegaron buscando regalos. Llegaron ofreciendo pagar por casas que, aseguran, llevan más de 15 años abandonadas.
Las familias relataron que perdieron viviendas, ganado, cosechas, herramientas y prácticamente todo su patrimonio. Algunas de sus pertenencias fueron incendiadas o saqueadas. Desde hace más de dos años sobreviven pagando rentas elevadas, compartiendo espacios reducidos y buscando cómo alimentar a sus hijos.
Pero aquí viene otra parte del escándalo.
Según denunciaron, el Gobierno del Estado, a través de Coesvi, terminó adjudicando las 165 viviendas a una empresa inmobiliaria por aproximadamente 45.6 millones de pesos, es decir, unos 276 mil pesos por casa.
¿Y cuánto podrían costar después?
Entre 800 mil y un millón de pesos cada una, de acuerdo con los cálculos y señalamientos de las familias desplazadas.
¡Negocio redondo, según los afectados! Los pobres pierden sus casas por culpa del narco y las viviendas públicas terminan en una operación inmobiliaria que podría dejar ganancias millonarias.
Los inconformes también denunciaron presuntas irregularidades en la subasta, cambios en las condiciones de pago, falta de respuestas oficiales y posibles incumplimientos legales. Estas acusaciones deberán ser revisadas por las autoridades competentes, pues no constituyen por sí mismas irregularidades comprobadas.
Lo más indignante es el contraste: las familias aseguran haber tocado las puertas del municipio, Coesvi, Gobierno del Estado sin conseguir una solución.
Y mientras tanto, una Misión Civil de Observación integrada por ocho organizaciones documentó la gravedad del desplazamiento forzado en Chihuahua, un fenómeno que sigue dejando comunidades vacías y familias condenadas a comenzar de cero.
Aquí está la verdadera tragedia: el narco los expulsa de sus tierras, la violencia les arrebata su patrimonio y la burocracia les cierra las puertas cuando buscan reconstruir sus vidas.
Al final, el sarcasmo se escribe solo: en Chihuahua, los desplazados perdieron sus casas por la violencia y ahora tienen que defender su derecho a comprar otras.
OTRA vez la justicia parece tener un sentido del humor más negro que las propias escenas del crimen. Mientras hay personas que pasan meses o años en prisión por delitos menores, un hombre detenido con un cadáver en la cajuela de su automóvil recuperó su libertad porque a la Fiscalía se le cruzaron los días en el calendario.
¡Sí, leyó bien! No fue porque desapareciera el cadáver, ni porque el muerto resucitara, sino porque el Ministerio Público dijo 25 de octubre cuando los hechos ocurrieron el 24.
El protagonista de esta historia es Edgar Osiel J. I., de 29 años, detenido por policías municipales después de una persecución en Riberas del Bravo. Al revisar el vehículo encontraron un cadáver envuelto en una cobija, como si se tratara de cualquier cosa olvidada en el maletero.
Pero el verdadero espectáculo llegó a los tribunales.
El juez Hugo Óscar Alonso González, un ex defensor público, detectó que la fecha presentada por el Ministerio Público no coincidía con los datos de prueba y resolvió no vincularlo a proceso por el delito relacionado con el respeto a los cadáveres y restos humanos.
¡Y vámonos para afuera!
La resolución exhibe una paradoja que merece una explicación: mientras algunas personas enfrentan prisión preventiva por delitos de menor gravedad, un error en la formulación de una imputación puede echar abajo la pretensión de mantener a un detenido sujeto a proceso.
Claro, la ley exige congruencia en las acusaciones y el juez tiene la obligación de respetar el debido proceso. Pero también resulta legítimo preguntarse cómo una Fiscalía que pretende llevar a alguien ante la justicia termina tropezándose con algo tan elemental como una fecha.
Y mientras abogados, fiscales y jueces discutían si era 24 o 25, había un detalle bastante más importante: un joven de entre 25 y 30 años estaba muerto, había sido estrangulado y nadie había esclarecido quién lo asesinó.
Para completar el espectáculo, el Ministerio Público solicitó una nueva diligencia privada con la intención de obtener una orden de aprehensión. De seguro el acusado anda esperando hasta que haga bien su jale.