
MIENTRAS Ricardo Salinas Pliego coquetea con la Presidencia de México y su hija Ninfa Salinas Sada encabeza las labores altruistas de Fundación Azteca, e impulsora del movimiento ‘Mexicanos Fuertes’, fomentando la participación colectiva, la organización y el compromiso social en el país, una clienta de Banco Azteca Chihuahua denuncia haber vivido un auténtico infierno de cobranza, donde las amenazas, la presión y las promesas presuntamente incumplidas parecen pesar más que la salud de las personas.
Adriana Venzor G., asegura que, desesperada por terminar con el acoso de cobranza, reunió 76 mil 760 pesos para aprovechar un supuesto acuerdo que le permitiría liquidar su deuda. Pero, según denuncia, después del depósito le desconocieron las condiciones prometidas. ¡Se carcajearon como viles extorsionadores!
Y por si faltaba algo, las conversaciones exhiben mensajes de quien se presenta como responsable de la cobranza, con advertencias como:
“Me va a implorar que detenga el proceso legal cuando esté en su domicilio y no voy a tener compasión”.
También le reprocha su condición de deudora. Un lenguaje que parece más propio de una película de mafiosos que de una institución financiera, aunque corresponde a las autoridades determinar si constituye una conducta ilegal.
La afectada señala al abogado Alan Islas y a un gerente identificado como Teo, de la sucursal Colón y Juárez en la ciudad de Chihuahua. La mujer asegura que la presión afectó su salud. ¿Cuántos adultos mayores y familias estarán soportando prácticas similares por miedo a perder su patrimonio? La pregunta merece una investigación, no una amenaza más por WhatsApp.
Y aquí va el llamado a Ricardo Salinas Pliego y Ninfa Salinas Sada: ¿cómo se presume responsabilidad social mientras una clienta denuncia semejante trato dentro de una empresa del grupo? Porque repartir ayuda con una mano y permitir presuntos abusos de cobranza con la otra sería una contradicción monumental. La caridad empieza por casa, y también por las sucursales bancarias.
Las capturas muestran un comprobante por 76 mil 760 pesos y mensajes intimidatorios, aunque todavía falta verificar la identidad del remitente y las condiciones completas del convenio. Banco Azteca debe explicar si ese dinero liquidaba la deuda, quién autorizó el descuento y por qué la clienta asegura que no se respetó. Porque cobrar es un derecho, pero humillar, intimidar o engañar no puede convertirse en el modelo de negocio.

UN hombre de 37 años puso a trabajar horas extras a la Policía Municipal, luego de protagonizar dos situaciones de riesgo en distintos puentes de la capital. En la segunda intervención, los agentes tuvieron que utilizar una patrulla como improvisada plataforma de rescate para evitar una tragedia.
Un video muestra cómo los uniformados colocaron la unidad PA-1670 debajo del puente de Tecnológico y Homero, justo cuando el hombre se encontraba colgado de la estructura. La rápida maniobra permitió auxiliarlo cuando ya estaba en el aire.
El operativo provocó una movilización de patrullas, mientras socorristas de URGE acudieron para atender al afectado y trasladarlo a un hospital.
Pero resulta que no era la primera emergencia del hombre en cuestión. Horas antes, durante la madrugada, policías ya lo habían puesto a salvo en el puente de Teófilo Borunda y Universidad.
Y aunque la patrulla terminó convertida en un improvisado colchón de emergencia, el asunto deja una pregunta bastante seria: ¿cómo es que una persona rescatada de un puente terminó horas después en otro, nuevamente en peligro?
Porque una cosa es evitar la caída y otra muy distinta impedir que la historia se repita.
Y es que de nada sirve rescatar a una persona del peligro si después la dejan a su suerte. ¿Dónde quedó la atención psicológica después del primer rescate? Hasta el momento no se ha informado si, tras el primer rescate, el hombre recibió una valoración psicológica, atención especializada o algún seguimiento para evitar otra emergencia.
Porque patrullas hubo de sobra, pero falta aclarar si también hubo atención a la crisis emocional.
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