MUCHO antes de que estallara el escándalo del llamado CIAgate en Chihuahua, en la columna “Sin Pelos en la Lengua” ya había puesto sobre la mesa el nombre de Guillermo Arturo Zuany Portillo, el entonces fiscal de Operaciones Estratégicas a quien, según información publicada, el gobierno de Estados Unidos le había retirado la visa.
Fue el 3 de diciembre de 2025 cuando se publicó la información bajo el título “El ‘fiscalazo’ sin visa”, una revelación que, 136 días antes de que se conociera el caso de El Pinal, ya colocaba al funcionario chihuahuense en el centro de los cuestionamientos sobre su relación con las autoridades estadounidenses.
Pero la historia no terminó ahí.
Ocho días después de la publicación, el 11 de diciembre de 2025, el asunto llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue cuestionada sobre el retiro de la visa al funcionario.
“Es una decisión que toma el gobierno de Estados Unidos, y es privada, ya que solamente se le informa a la persona”, respondió la mandataria, según lo publicado entonces.
Aquella declaración motivó una segunda publicación de Sin Pelos en la Lengua, titulada “Fiscal sin visa a la Mañanera”.
Y aquí viene lo interesante: 335 días después, exactamente 11 meses, el nombre de Zuany vuelve a aparecer en la mañanera presidencial, pero ahora en medio de un escándalo internacional que involucra a la CIA, un operativo contra un narcolaboratorio y órdenes de aprehensión.
La propia presidenta ha planteado públicamente la necesidad de conocer quién es Guillermo Arturo Zuany Portillo y cómo se relacionó con una agencia de inteligencia estadounidense.
La pregunta inevitable es otra: ¿qué investigaron las autoridades federales durante los 11 meses transcurridos desde que el nombre del exfiscal llegó por primera vez a la conferencia presidencial?
De la visa retirada al escándalo internacional
La investigación de The New York Times sostiene que Zuany habría facilitado durante más de seis meses la participación de agentes de la CIA en operaciones de seguridad en Chihuahua, pese a que Estados Unidos le había retirado la visa por sospechas de vínculos con el crimen organizado.
El reportaje agrega un dato especialmente relevante: el exfuncionario habría recuperado su visa a cambio de facilitar la colaboración con los agentes estadounidenses. Se trata de señalamientos periodísticos que todavía deben esclarecerse judicialmente.
La historia desembocó en el operativo de El Pinal, municipio de Morelos, donde murieron dos policías mexicanos y dos agentes estadounidenses. Por este caso, el exfiscal general César Jáuregui enfrenta procesos penales, mientras que Zuany también es buscado por las autoridades.
Omar García Harfuch confirmó que tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de Chihuahua cuentan con órdenes de aprehensión contra Zuany.
En el ámbito estatal, el exfiscal enfrenta acusaciones por presunto ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades, dentro de la causa penal 3055/2026. También promovió un amparo para impedir temporalmente su detención.
La pregunta que sigue sin respuesta
La publicación de Sin Pelos en la Lengua sobre el retiro de la visa adquiere ahora una nueva dimensión frente a las revelaciones internacionales.
Que la presidenta conociera públicamente el caso de la visa desde diciembre no demuestra que conociera las presuntas operaciones clandestinas de la CIA. Sin embargo, sí abre un cuestionamiento legítimo sobre qué información tuvieron las instituciones federales, cuándo la recibieron y qué investigaciones realizaron.
Porque una cosa es preguntarse ahora quién es Guillermo Arturo Zuany Portillo y otra muy distinta es explicar qué hicieron las autoridades durante los 335 días transcurridos desde que su nombre llegó a la mañanera.
Y esa respuesta todavía está pendiente.
MIENTRAS los automovilistas siguen pagando miles de pesos adicionales por adeudos vehiculares, en el Congreso del Estado hubo hasta pastel para recordar que una iniciativa destinada a reducir esos cobros cumplió un año sin resolverse.
El coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, llevó el festejo a una rueda de prensa para exhibir que su propuesta de eliminar los llamados accesorios del derecho vehicular continúa atorada en comisiones.
Y es que, según denunció, estos cargos pueden elevar la deuda hasta tres veces el costo de la revalidación.
Para muestra, exhibió el recibo de un ciudadano: 2 mil 300 pesos de derecho vehicular y otros 7 mil 182 pesos de accesorios. Una cuenta cercana a los 10 mil pesos que, incluso con descuento, terminó en aproximadamente 5 mil 500 pesos.
La iniciativa fue rechazada inicialmente en comisión, pero el dictamen tampoco consiguió los votos necesarios en el pleno y regresó al mismo lugar donde permanece pendiente.
“No sé si festejemos o lloremos, pero ahí está congeladita”, ironizó Estrada.
El legislador también sostuvo que Chihuahua figura entre los estados con derechos vehiculares más elevados del país.
La pregunta incómoda para el Congreso es por qué, después de un año, los diputados todavía no resuelven una propuesta que afecta directamente el bolsillo de los automovilistas.
Porque el pastel ya tuvo su celebración, pero los ciudadanos siguen esperando una respuesta legislativa.
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