El funcionario consideró que con las afectaciones a los usuarios, el Gobierno está siendo víctima de un chantaje, mediante el cual los transportistas le quieren hacer responsable de obligaciones económicas y laborales, que no tiene, con los trabajadores del volante.
Robles reiteró que se reconoce a los trabajadores su derecho a un ingreso y al salario, “pero no somos nosotros los responsables de esos adeudos”.
El funcionario dijo también en el mensaje difundido en video, que el origen de esa deuda está en la colusión de intereses entre la corrupción política del anterior gobierno y la apuesta de este grupo de concesionarios, para socavar el diseño del nuevo sistema de transporte colectivo, el cual les impidió seguir disponiendo de ingresos.
Jáuregui Robles señaló que la administración seguirá actuando a favor de la sociedad, pues su preocupación es la gente afectada en sus derechos de libre tránsito, derecho al trabajo y derecho a la convivencia.