“Estamos planteando un pacto por la seguridad en el que todos seamos corresponsables, por eso el llamado es desde el Ejecutivo Federal hasta los Ejecutivos estatales y municipales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial que tienen responsabilidad y acciones que hacer en concreto. Es el llamado a la ciudadanía y es el compromiso de los propios empresarios para revisar lo que se ha hecho en la estrategia de seguridad para acelerar el paso”, indicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Acompañado de los líderes de las diferentes cúpulas empresariales destacó que la importancia de corregir la estrategia de seguridad radica en que su costo asciende a 9% del Producto Interno Bruto (PIB), cantidad superior a la cifra oficial, estimada en 1.25 por ciento del PIB.
“Nuestra experiencia nos lleva a estimar la cantidad de 9%, de acuerdo con los costos y los delitos que nos reportan en las organizaciones empresariales que encabezamos”.
Advirtió que en algunas zonas se han multiplicado fenómenos como el de los linchamientos, cuya incidencia se triplicó en tres años, con cerca de 200 casos en lo que va de este año.
“Ante el riesgo de caer en un Estado fallido, ante el descontento social y la ingobernabilidad que prolifera en algunas entidades de México es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta”.
Urgió a los legisladores a poner en la agenda prioritaria del Congreso de la Unión la aprobación de todo el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, “que lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo”.
Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), pidió comenzar por la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de Fuerzas Armadas y la legislación de mandos policiacos y su coordinación.
Al Poder Judicial le solicitaron que “redoble” los esfuerzos para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con un programa puntual con el que pueda superarse el retraso en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía en que efectivamente se combate la corrupción y la impunidad en el sistema de impartición de justicia.