En el documento evidencian el grave error con el nombramiento de 13 Magistrados al Pleno noviembre del 2014, los cuales fueron beneficiados por nombramientos al vapor y sin consulta a los gremios de abogados del Estado, por lo que las organizaciones exigen tomar conciencia social en torno a la importancia de contar con un Poder Judicial independiente que garantice los derechos humanos de los justiciables.
Señalan que se requiere un poder judicial autónomo, profesional e independiente de los poderes políticos de los poderes políticos es esencial para completar el proceso de justicia y combatir la impunidad.
En respuesta a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos señala en el documento 44/15 de diciembre de 2015, que en México jueces y otros operadores de justicia no contarían con la independencia necesaria para desarrollar su labor de manera adecuada.
Concretamente señalan que en Chihuahua algunos Jueces han sido nombrados en razón de su parentesco con figuras políticas de la entidad, lo cual evitaría que sean independientes de los poderes políticos de la entidad.
Por lo que el equipo legal designado para la defensa del gremio procedió a solicitar y probar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la necesidad de que esta instancia internacional emitiera una carta al Estado Mexicano para que en términos del artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la que pidiera informe sobre la situación que guardan los procesos de nombramientos de Jueces y Magistrados en el Estado de Chihuahua.
Por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobó en su pleno solicitarle informe en términos diplomáticos, en torno a la designación de Jueces y Magistrados al Estado Mexicano para que investigue e informe la situación actual de estas decisiones en el Estado de Chihuahua, por lo cual se le notificó al Estado Mexicano a través de la Misión de México ante la Organización de Estado Americanos (OEA).