El objetivo de la iniciativa es que los ex mandatarios federales, una vez concluido su encargo, y mientras reciban el pago de su pensión vitalicia, deberán presentar sus declaraciones patrimonial, de interés, y fiscal como lo establece la ley.
En el caso de las declaraciones patrimoniales la propuesta establece que deberá presentarse al año siguiente de haber concluido su encargo como Presidentes.
“La Ley dejó fuera a personas físicas que deben ser sujetos a la fiscalización como los ex presidentes que reciben jugosas pensiones. En 1976 y 1987, en particular mediante el Decreto Presidencial 2763-BIS, se estableció la prerrogativa a los ex mandatarios federales de recibir de manera vitalicia el pago de una cuantiosa pensión mensual equivalente al salario total que corresponde a los servidores públicos que el puesto de Secretario de Estado, que se otorgará a cargo del Erario Federal y se incrementará en la misma proporción y temporalidad”.
Explicó que el conjunto de prerrogativas que un ex mandatario al año es de más 40 millones de pesos al año, lo que representa un gasto importante para el Erario y una falta de respeto para el país.
“Si esto lo relacionamos con los escándalos de corrupción y de conflictos de interés que han sido públicos en los últimos años, en dos ex mandatarios tienen injerencia en decisiones de gobierno, resulta imprescindible que estén bajo la revisión pública de su patrimonio”, dijo el legislador petista.