México.- La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas hasta hoy 21 averiguaciones previas y carpetas de investigación de presunto desvío de recursos, en la administración de Enrique Peña Nieto, que involucra a dependencias federales, instituciones públicas y empresas fantasma, pero hasta ahora, ninguno de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados.
Caso contrario, uno de los involucrados es el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, al tener responsabilidad directa en presuntos desvíos de cerca de 500 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2015 y 2016, denunció la coalición Por México al Frente.
Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, detalló que, de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, Meade, como titular de la Sedesol, está involucrado en un esquema de triangulación de recursos, a través de universidades públicas y la simulación de pagos a empresas subcontratadas, parecido a la llamada “estafa maestra”.
Así mismo, el ex Gobernador, José Reyes Baeza, y quien encabezará la fórmula rumbo al Senado por la alianza del PRI – PVME y Nueva Alianza, se le investiga por el desvío de recursos públicos que estaría arriba de los 3.4 mil millones de pesos durante los años 2013 y 2014, periodo en el que el chihuahuense estaba a cargo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (FOVISSSTE).
En las averiguaciones –promovidas por denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)- abarcan irregularidades en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, e involucran recursos federales transferidos a dependencias federales, que a su vez triangularon el recurso con universidades o instituciones públicas, las cuales lo entregaron finamente a compañías privadas que simulan servicios.
Autoridades ministeriales y de la ASF consultadas durante la investigación periodística que realizó Animal Político, indicaron que hay averiguaciones que llevan más de un año sin que haya mayor avance y, en muchos casos, ni siquiera se ha citado a funcionarios involucrados a declarar ante el Ministerio Público en calidad de probables responsables.