En Amapola 450, una casa de fachada naranja y portones altos a orillas de la zona metropolitana de Guadalajara, las autoridades dicen haber encontrado indicios —no pruebas científicas— de que los estudiantes de cine Javier Salomón Aceves Gastélum, de 25 años, Jesús Daniel Díaz, de 20, y Marco Francisco García Ávalos, de 20, pudieron haber sido disueltos en ácido sulfúrico.
En esa casa de dos pisos la Fiscalía General de Jalisco encontró 46 bidones, algunos con la etiqueta de ácido sulfúrico al 98 por ciento de pureza y el logotipo de la empresa Operquim Operadora Química, SA de CV., proveedora de algunas ciudades del estado, como Tlaquepaque, un municipio vecino de Tonalá, donde vieron por última vez a los estudiantes el pasado lunes 19 de marzo
El ácido sulfúrico es una sustancia controlada por las Naciones Unidas, está en la lista roja de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Los traficantes lo usan para la fabricación de cocaína, metanfetamina y anfetamina. La ley mexicana lo regula en cantidades mayores a 1500 kilos para importación y exportación, no para comercio nacional, aunque los establecimientos están obligados a llevar un registro de quién compró, de acuerdo con información obtenida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Nada más 30 empresas del país cuentan con estos permisos de mercado de importación.
Los 46 bidones estaban en un mismo cuarto, apilados, junto con tinacos de Rotoplas enteros, sin la destrucción que genera un químico como el ácido sulfúrico y que parece tan fácil de adquirir. La jefa de la investigación del caso, Lizette Torres, no ha aceptado hablar al respecto. No sabemos si tienen los registros de los compradores, si los están investigando, si están siguiendo la ruta.