A 44 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, diversos colectivos recordaron a los estudiantes con la ya tradicional marcha de cada mes.
El contingente, que partió del Ángel de la Independencia, fue encabezado en la vanguardia por los familiares que portaban los retratos de los jóvenes estudiantes.
A su paso por el Paseo de la Reforma hicieron alto frente a las sedes de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Senado de la república en donde alzaron la voz para exigir una salida al caso.
Antes de concluir el trayecto, el contingente se detuvo en al anti monumento de los estudiantes guerrerenses en el cruce de Reforma y Bucareli con el paso de lista de los normalistas.
La marcha terminó en el Hemiciclo a Juárez.
VALIDA ONU INFORME SOBRE CASO AYOTZINAPA
El 10 de mayo pasado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó la validez de “la metodología y los hallazgos” del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa, tras las críticas públicas del gobierno mexicano.
El informe publicado el 15 de marzo concluyó que había fuertes indicios que hacen pensar que “al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014, fueron torturadas y detenidas arbitrariamente”.
Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas”, señalaba la ONU.
Asimismo, pidió a las autoridades mexicanas que implementen las recomendaciones de su informe “con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, brindar reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de estos trágicos eventos”.
La Oficina también instó a México a concluir las investigaciones “dentro de un plazo razonable” e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias y de los actos de tortura.
La ONU aseguró que seguirá de cerca las investigaciones ya que “hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable” de esas graves violaciones de los derechos humanos.
Previamente, el gobierno mexicano entregó en respuesta a la Oficina de Derechos Humanos un documento que contenía varias observaciones críticas al informe publicado el 15 de marzo.
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Fiscalía General, dijeron que, al publicar su informe, la ONU “se desatendió” del llamamiento que le había hecho el Gobierno mexicano en favor de una colaboración que permitiese atender por canales institucionales las preocupaciones que tenía.