Ocho de cada diez mexicanos no confía en los partidos políticos ni en los legisladores, la credibilidad en estas figuras está en constante declive.
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Un análisis de la confianza en los gobiernos de los gobiernos realizado por el INEGI, muestra que las dependencias relacionadas con el ámbito legislativo o el ejercicio del poder registraron los niveles más bajos de confianza.
Más de la mitad de los mexicanos, para ser exactos, el 51.5 por ciento de la población indicó sentir mucha desconfianza hacia los partidos políticos y el 28.9 por ciento algo de desconfianza.
Por lo tanto más del 82 por ciento no confía en los partidos políticos en general, según los resultados dados a conocer en el marco del Día de la Administración Pública.
Los diputados, senadores y el Gobierno Federal, también gozan de un alto nivel de desconfianza de la población.
El 74.4 por ciento expresó sentir mucha o algo de desconfianza en las Cámaras de Diputados y senadores, y el 71.7 por ciento, es decir, siete de cada diez no confía en el Gobierno Federal.
En el año 2017 las instituciones de educación pública recibieron el mayor nivel de confianza con 76.9 por ciento de la población de 18 años y más en áreas urbanas que indicó sentir algo o mucha confianza en las universidades públicas y 74.6 por ciento en las escuelas de nivel básico.
Las instituciones de Salud, el Ejército y la Marina, así como las comisiones de Derechos Humanos, también recibieron niveles altos de confianza con 64.7, 62.2 y 52.7 por ciento de la población que sentía mucha o algo de confianza en estas instituciones, respectivamente.
Esta información dada a conocer por el INEGI ofrece un panorama general de algunos de los desafíos que enfrentan las administraciones públicas del país para contribuir al logro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales demandan instituciones más inclusivas que integren la participación de diferentes grupos poblacionales.
No menos importante es el reto de crear instituciones eficaces que satisfagan de manera efectiva las necesidades de la población sin menoscabo de garantizar los derechos humanos. Esto a la larga tenderá a fortalecer los lazos de confianza entre Gobierno y sociedad.