Chihuahua.- Un Juez de Control del distrito Judicial Morelos, consideró los argumentos incriminatorios que presentó el Ministerio Público para decretar el inicio de un proceso penal en contra de tres ex funcionarios detenidos, acusados de desviar la cantidad de cinco millones de pesos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.
Durante la audiencia celebrada este lunes, se resolvió la situación jurídica de: Alejandro V. A., quien se desempeñaba como ex Secretario General del Sindicato de Trabajadores, así como de Diógenes B. V., y Martha Patricia B. B. ex Director Ejecutivo y ex Directora de Administración de la citada dependencia, al vincularlos a proceso por el delito de peculado agravado.
Cabe destacar que únicamente Diógenes B. V., llevará el proceso penal en libertad, previo el depósito de una garantía económica y la imposición de firma quincenal, por consideración que es un adulto mayor de 80 años, mientras que los otros dos imputados cuentan con medidas cautelares de prisión preventiva.
La acusación formulada por el Ministerio Público dentro de la “Operación Justicia para Chihuahua” esta sostenida en la Causa Penal 2202/2018, establece entre abril y mayo del 2016, en el municipio de Chihuahua, desviaron la cantidad de cinco millones de pesos que estaban destinados a fines públicos y gasto corriente.
De acuerdo a la investigación ministerial, cometieron el delito a través procedimientos administrativos, uno por 1 millón 200 mil pesos y otro por 3 millones 800 mil pesos, dinero que supuestamente sería utilizado para otorgar bonos por concepto del Día del Maestro y becas de nivel medio superior para los hijos de los trabajadores, apoyos que nunca recibieron.
Trascendió que para efectuar este desvío, integraron una solicitud de suficiencia presupuestal y diversa documentación a fin de “justificar” la salida del numerario de una cuenta bancaria perteneciente a la Secretaría de Hacienda con la expedición del cheque 1329358, en fecha 29 de abril de 2016, y su cobro en fecha 02 de mayo de 2016.
Además de dictar el auto de vinculación a proceso y definir las medidas cautelares a los imputados, el Juez de Control Juez Alexis Ornelas estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.