La situación legal del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se complicó este martes tras dictarse una orden de prisión preventiva contra él por su implicación en el secuestro del legislador de la oposición Fernando Balda. La juez de la Corte Nacional que está llevando el caso dispuso el pasado 18 de junio que el exmandatario ecuatoriano debía comparecer ante el juez, en Quito, cada 15 días, mientras dure la instrucción de lo que ha sido considerado judicialmente como un crimen de Estado.
Pero Correa desobedeció la orden este lunes y solo se presentó ante el Consulado de Ecuador en Bruselas, ciudad en la que reside desde hace un año. Ante el incumplimiento, la Fiscalía solicitó este martes endurecer la medida cautelar y la Corte Nacional emitió una orden de prisión preventiva y una alerta roja ante la Interpol para capturarlo y extraditarlo. El expresidente ha considerado la medida «un grave atropello a la justicia» y a sus derechos. «Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de derecho como Bélgica», ha asegurado en Twitter.
Una vez que el expresidente llegue al país, según la orden de la jueza de garantías penal de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, deberá ser trasladado a la cárcel 4 de Quito, en la que cumple condena por el caso Obredetch el vicepresidente de su último Gobierno, Jorge Glas. La decisión de la jueza rechaza, por tanto, por insuficiente la comparecencia de Correa ante el vicecónsul, Bernardo Burgos González