Nueve militares de la Armada de Venezuela fueron privados de libertad por orden de un tribunal militar de Caracas por su presunta participación en un plan de golpe de Estado, denominado “Operación Armagedón”.
Los militares que supuestamente buscaban impedir las eleccionespresidenciales del pasado 20 de mayo y el asesinato del presidente Nicolás Maduro se encuentran recluidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Los delitos que se les imputan son: instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra el decoro militar.
Este plan estaba dirigido por Luis Humberto de la Sotta, segundo comandante de la 8° Brigada de Comandos del Mar “Generalísimo Francisco de Miranda”; Carlos Gustavo Macsotay Rausseo, comandante del 81 Batallón de Operaciones Especiales “CC. Henry Lilong García”; y por Ruperto Molina Ramírez, comandante del Grupo de Fuerzas Especiales Nº 20.
Desde el Gobierno venezolano, el propio presidente ha reconocido supuestos planes de “conspiración” dentro de la Fuerza Armada y a finales de mayo pasado ordenó que fuese firmado en los cuarteles un documento que exige lealtad.