Chihuahua.- Omisiones como la distribución de luminarias por vialidad, un estudio de iluminancia de la ciudad, el balance energético del sistema en kilowatts por hora, el diseño preliminar del mix de inversión, un modelo económico financiero del proyecto, justificación del modelo legal elegido y la estructura jurídico financiera, fueron señaladas por los diputados del PRI al proyecto “Iluminemos Chihuahua”.
A través de un oficio dirigido al diputado Jesús Valenciano García, quien preside la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, los diputados del PRI le hacen ver grandes deficiencias en la elaboración del estudio técnico, con una estructura que no permite su claro análisis, y le solicitan analizarlas en la sesión correspondiente al tema.
Señalan además que el documento deja ver también la falta de organización del Municipio para llevar a cabo el proyecto, y que no ha contemplado el impacto social en seguridad ciudadana, ambientación urbana, entre otros, por lo que dicen “el documento no es el resultado de un proyecto urbanístico, técnico y social”.
Agregan que el documento se sustenta en la hipótesis de un sistema de alumbrado obsoleto que no tiene identificado, además ejemplifica el éxito de otros municipios del país, sin embargo no menciona los fracasos de muchos otros proyectos por la opacidad en las especificaciones técnicas, al igual que en el presente.
Dentro de otras inconsistencias detectadas en el análisis del documento, “nos llama la atención, el cálculo estimado de ahorro de hasta un 44 por ciento, sin embargo la no especificación de esa estimación de nueva cuenta genera una incertidumbre en su veracidad”.
Señalan que en el documento se detalla que “bajo el esquema de Concesión la inversión inicial para el municipio es cero”; sin embargo el otorgar la concesión por ese tiempo, disfraza el pago de intereses con los ahorros generados para le empresa, recordando que el ciudadano empezará a pagar un sobreprecio del DAP, prácticamente es una tasa de interés cargada al ciudadano en su recibo.
De manera general, una concesión significa que el concesionario cobra su actividad directamente a los usuarios, de acuerdo con ciertas reglas y tarifas; en este caso, el concesionario va a recibir impuestos; no corresponde a la naturaleza jurídica de la concesión.
