Chihuahua.- Como ayer fue anunciado a través de las redes sociales, los abogados de dos ex funcionarios de la administración de César Duarte acudieron esta tarde a presentar un recurso de inconformidad en contra de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, por haber desechado la petición de juicio político contra el fiscal general César Peniche.
Se trata del ex secretario de Educación Marcelo González Tachiquín y del ex auditor superior del Estado Eduardo Esparza Flores, cuyos abogados señalaron que los argumentos presentados “a juicio de la comisión no fueron suficientes para iniciar un juicio de procedencia a pesar de haber anexado todas las pruebas necesarias, pero en franca protección del fiscal determina en un procedimiento sumario sin llevar a cabo una investigación exhaustiva, que no es procedente iniciar el juicio político”.
Detallaron que el artículo 35 de la Ley de juicio político establece que el Pleno debe conocer del recurso presentado y analizarlo y convocar a las partes involucradas para escucharlas, sin embargo, la comisión sesionó de forma privada sin siquiera darlo a conocer a los demás legisladores.
Destacaron no estar “en contra de que se proceda contra algún funcionario que actuó mal sino solo que se respete el debido proceso porque ahorita son ellos, pero mañana pueden ser ustedes o nosotros mismos como abogados. Hay un abuso completo por parte de diversas autoridades”.
Por su parte, el abogado del ex auditor Eduardo Esparza Irving Anchondo, dijo que su cliente va en contra de dos jueces que a su parecer actuaron mal porque por ejemplo, la jueza se documentó con base en la carpeta de investigación antes de emitir la vinculación a proceso y el otro juez no turnó a su tiempo la apelación para dejarlo en prisión preventiva.
Explicaron que la petición de juicio político puede presentarla cualquier ciudadano para que la comisión investigue, pero “no creo que haya desconocimiento de los diputados de la ley sino que hay una selectividad en el estudio de los documentos, porque en este caso se desechó y en el caso del magistrado Jorge Ramírez sí se procedió, es una franca protección a determinadas personas”.
