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-Denuncian presunto conflicto de interés en Fiscalía

ALGO no cuadra en la discusión de la reforma electoral que se cocina en el Congreso del Estado. Mientras unos niegan acuerdos, otros reconocen coincidencias; mientras unos hablan de transparencia, otros admiten que existen documentos elaborados entre diversas fuerzas políticas. El resultado es una mezcla de mensajes contradictorios que deja más dudas que certezas.

La diputada federal del PT, Lilia Aguilar, conoce del tema y de los actores involucrados. Tanto así que el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, salió a fijar postura antes de que el asunto escalara políticamente.

Estrada aseguró que Morena no participó en ningún acuerdo previo relacionado con la reforma electoral. Incluso sostuvo que su bancada optó por la abstención debido a que desconocía el contenido del documento presentado durante los trabajos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Según su versión, fueron representantes del PAN quienes informaron durante una reunión de comisión que existía un acuerdo firmado con las fracciones parlamentarias del Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRI y el propio PT. Ante ello, Morena decidió no respaldar el planteamiento al no haber participado en las negociaciones ni conocer los términos pactados.

El legislador insistió en que su grupo parlamentario ha mantenido congruencia entre sus posicionamientos públicos y sus votos en el Congreso. “Si decimos que estamos en contra votamos en contra, no hay ningún acuerdo en lo obscurito de nada”, afirmó.

Sin embargo, mientras Morena rechaza acuerdos ocultos, desde la presidencia del Congreso se reconoce que sí existen consensos construidos entre diversas fuerzas políticas. El presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, confirmó que la reforma electoral no incluirá la paridad de género obligatoria para las candidaturas a la gubernatura, tema que quedó fuera tras las negociaciones entre partidos.

La exclusión de este punto no es menor. Se trata de uno de los asuntos más relevantes en materia de representación política y participación de las mujeres. Sin embargo, se decidió concentrar la discusión en otros aspectos donde existía mayor consenso, especialmente porque el PRI no acompañaría la propuesta impulsada por el PAN.

Ramírez detalló que PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo alcanzaron acuerdos en varios temas que ya fueron incorporados a un documento base. Pero además añadió un dato que genera todavía más interrogantes: también existen temas en los que se encontraron coincidencias con Morena.

 

TREMENDAS acusaciones provienen del interior de la Fiscalía General del Estado, donde circulan señalamientos cada vez más insistentes contra un agente investigador conocido entre compañeros como “El Albertano”, quien presuntamente estaría aprovechando su posición para influir en asuntos legales en beneficio de una abogada con la que mantiene una relación sentimental.

Las versiones que llegan desde el interior de la propia institución apuntan a una práctica sumamente delicada: presiones a personas detenidas para que designen a determinada defensora particular, bajo la promesa de supuestas facilidades o acuerdos dentro del sistema de procuración de justicia. De ser cierto, no solo estaríamos ante un evidente conflicto de interés, sino frente a una conducta que pondría en entredicho la imparcialidad de investigaciones y procesos penales.

Las denuncias verbales señalan incluso que algunos detenidos por delitos como robo y narcomenudeo habrían manifestado inconformidad por estas presuntas prácticas.

El malestar también crecería entre elementos de la propia corporación, quienes aseguran que este agente genera conflictos internos y entorpece el trabajo operativo. Las críticas van desde su comportamiento laboral hasta cuestionamientos sobre un estilo de vida que, según quienes lo señalan, no correspondería con los ingresos de un servidor público.

Hasta ahora nadie se ha manifestado por este indicio de tráfico de influencias, abuso de autoridad o utilización indebida del cargo, y ello, corresponde al fiscal de la Zona Centro, Araiza Reyes, revisar estos señalamientos y determinar si existe sustento para abrir una investigación. La peor respuesta sería el silencio. Porque cuando las dudas crecen dentro de la propia institución, ignorarlas solo alimenta la sospecha.

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