En el Congreso de Chihuahua, Morena y el PAN chocan por la designación de jueces electorales. Mientras Morena busca acelerar el proceso, el PAN maniobra para frenarlo, desatando una tensa negociación.
A la pugna se suma la sospecha de traición dentro de Morena, donde se insinúa que el PT y el Verde habrían negociado en secreto, posiblemente con compra de votos. Esta fractura interna debilita su posición y favorece al PAN.
Las tensiones aumentan mientras ambos bandos presionan para imponer su voluntad. Morena intenta consolidar su control, pero la falta de unidad podría costarle caro en este juego de poder.
El desenlace será clave para la configuración política en Chihuahua. Si el PAN logra frenar a Morena, se confirmará que las traiciones internas y las negociaciones bajo la mesa están redefiniendo la contienda electoral dentro de la renovación del Tribunal Superior de Justicia.
Tras su informe de este sábado, la gobernadora Maru Campos alista cambios en su gabinete, los cuales podrían concretarse entre el domingo y el lunes. Sin embargo, estos ajustes se enfocarán en áreas operativas y no afectarán a quienes buscan cargos de elección popular.
Figuras clave como el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez; el fiscal general, César Jáuregui; Rafael Loera, de Desarrollo Social, y Enrique Rascón, de Pueblos Indígenas, permanecerán en sus cargos.
Los movimientos buscan reforzar la operatividad del gobierno sin alterar el equilibrio político en plena antesala del proceso electoral.
La Fiscalía General del Estado recuperó en tiempo récord la camioneta robada de Otto Valles, excandidato de Morena y el PT en Parral, demostrando que, cuando hay voluntad, la eficiencia es posible.
Mientras tanto, en la rúa Vía Corta Chihuahua-Parral, los robos son constantes y la mayoría de las víctimas nunca recupera sus vehículos. Las denuncias se acumulan sin respuestas ni operativos efectivos.
Este caso confirma que hay políticos de primera y ciudadanos de segunda. Para unos, acción inmediata; para otros, indiferencia y burocracia.
La pregunta es clara: ¿por qué no se aplica la misma rapidez en todos los casos? La seguridad debería ser un derecho, no un privilegio.