Chihuahua.- A pesar de tener 18 carpetas de investigación abiertas por despojos, lesiones, robo de ganado, amenazas y daños a la propiedad, la Fiscalía General del estado de Chihuahua se ha mantenido omisa ante el intento de desalojo por parte de los hermanos Cornelio y Aurelio Alderete Arciniega, en contra de integrantes de las comunidades ódami, de la comunidad Mesa Colorada, municipio de Guadalupe y Calvo.
Además, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (SEDATU) entregó en enajenación a los hermanos denunciados, de supuestos terrenos nacionales que se encuentran en posesión de las comunidades indígenas Mesa Colorada, Cordón de la Cruz y El Tepozán, a pesar de que estos ocultaron información respecto a la existencia y permanencia de las comunidades ódami, y se comprometió a emitir un dictamen en los tres meses siguientes, sin embargo, han pasado ya ocho meses sin el dictamen, en tanto que se vuelven a registrar agresiones en contra de las comunidades denunciantes.
Así lo dio a conocer la Red en defensa de territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, que detalló que apenas este viernes tres de julio los hermanos Alderete Arciniega volvieron a amenazar a integrantes de las comunidades ódami, para reforzar un cerco que pretende despojarlos de su territorio e incluso acudieron con armas de grueso calibre forzando a la gente para que sacara su ganado, ya que de lo contrario ellos mismos lo harían y los llevarían a las parcelas de maíz y frijol, por otra parte, amenazaron a específicamente a dos personas de la localidad, e incluso a un beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
A pesar de que el 18 de octubre de 2019 en audiencia pública con las comunidades ódami y autoridades de los tres niveles de Gobierno, les aclararon a los hermanos que no eran lo dueños de los territorios ocupados por los pueblos, denuncian que la violencia ejercida por los Alderete Arciniega ha provocado el desplazamiento de miembros de las comunidades y sus familias, en tanto que, por el retardo de la Fiscalía en la integración de las carpetas de investigación de los delitos cometidos, los perpetradores continúan impunes.
