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Ahora LeBarones denuncian al Estado mexicano… ante tribunal administrativo

Noticias de Chihuahua.- No solo por la presunta responsabilidad del Estado Mexicano en la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019, sino también por supuestas omisiones en la investigación del homicidio de Benjamín LeBarón y Luis Widmar en 2009, la familia LeBarón interpuso dos demandas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra del Estado Mexicano, buscando una remuneración económica.

Uno de los patriarcas de la familia, Adrián LeBarón, aseguro que en ambos casos el Estado Mexicano “falló en su responsabilidad para brindar la seguridad pública  en nuestra región, lo que ha resultado en las muertes de nuestros seres más queridos”, sin embargo, no explicó por qué es hasta ahora que se demanda por el asesinato de dos integrantes de su familia hace más de 10 años.

“Vamos a exigir todos los derechos y vamos a exigir que se castigue  a todos los culpables en todas las instancias nacionales e internacionales si es necesario; no solo a los asesinos que participaron directamente en los hechos sino también a aquellos funcionarios y autoridades que tienen la responsabilidad constitucional de protegernos”, señaló.

Explicó que las demandas van directamente contra la Secretaría de Gobernación que “se quiere deslindar de su responsabilidad para atender el caso LeBarón, por lo que esperamos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les obligue a reconocer judicialmente su responsabilidad pues en SEGOB se están queriendo lavar las manos como lo hizo Pilatos”.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley Orgánica del propio Tribunal, este “conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales”.