EN la famosa Clínica 4 del IMSS en Ávalos —ese bastión de la salud pública donde lo que menos hay es salud mental—, las doctoras y enfermeras ya no saben si ir con bata… o con chaleco antibalas.
Y no es exageración. Resulta que ahora lo de moda entre ciertos pacientes no es agradecer el servicio, sino sacar el filo y el repertorio de insultos como si estuvieran en casting para el remake de Amores Perros.
El episodio más reciente fue protagonizado por una mujer que acudió a atenderse una úlcera varicosa (de esas que ya se saludan con nombre de tanto tiempo que llevan ahí), y que al escuchar una simple recomendación médica de bajar de peso… ¡se transformó en luchadora ruda versión “La Cebollera”! Sí, porque la señora no solo desató una tormenta de groserías que se escuchaban hasta donde los eloteros venden con chilito del que pica en la Deportiva, sino que sacó un cuchillo tipo cebollero con el que intentó rebanar a la doctora como si fuera calabacita para caldo.
La galena, que claramente no firmó para este tipo de reality show violento, agarró una silla como escudo anti-samurái mientras la paciente lanzaba tajos al aire con más pasión que técnica. Afortunadamente, no logró herirla, pero sí dejar claro que en esa clínica se necesita vigilancia… o al menos una jaula de acero nivel WWE.
Como era de esperarse, no había seguridad en ese momento —porque claro, es más fácil encontrar un turno temprano que un guardia disponible—, así que la agresora simplemente se fue, tranquila, como quien termina su consulta de rutina y va por una coyota.
La doctora ya canalizó el asunto al sindicato, a la Fiscalía y, si sigue así, probablemente a San Judas Tadeo. Mientras tanto, las trabajadoras del IMSS ya consideran pedir entrenamiento en defensa personal o mínimo andar con gas pimienta en la bata, no sea que el próximo “alucín” venga con machete y con TikTok en vivo.
COMO reguero de pólvora corrió el rumor de que la Fiscalía Especial de la Mujer FEM, está por girar una orden de aprehensión en contra del Síndico del Municipio de Aldama, Pablo Sosa, quien tiene ya tres años sin aportar el sustento para sus tres menores hijos.
El funcionario municipal de Aldama ha eludido la responsabilidad que tiene con sus hijos con el clásico de que le falta el recurso, pero las indagatorias de la FEM concluyen de que además del sueldo que recibe como sindico, tiene otros negocios personales que en total superan los 50 mil pesos mensuales.
En cualquier momento, el síndico podría ser detenido y llevado al Cereso de Aquiles Serdán según trascendió. Lo anterior afectará de manera directa a Pablo Sosa, ya que por no pagar la pensión de sus hijos podría ser impedido para seguir siendo funcionario público.