Ciudad de México— La presión de Estados Unidos sobre Cuba puso en alerta a los inversionistas mexicanos.
Desde el pasado viernes los ciudadanos estadounidenses pueden reclamar en cortes de su país por aquellas propiedades en la isla que les fueron confiscadas al inicio de la Revolución de Fidel Castro.
Como parte de ese patrimonio está en manos de empresas extranjeras en esa zona, la medida ha provocado inquietud en el sector económico que teme que los fallos judiciales puedan ir contra sus otras propiedades en Estados Unidos.
Así como las europeas, las compañías mexicanas, con una presencia destacada en Cuba, también pueden verse afectadas por la activación del Título III de la ley Helms-Burton de 1996.
En los 23 años que tiene la legislación, nunca un Presidente se había atrevido a levantar la suspensión de dicho Título porque, entre otros motivos, suponía entrar en conflicto con países aliados con intereses en Cuba, como México o las naciones europeas.
Según dijo a Reforma el experto en relaciones Cuba-EU, Arturo López-Levy, el objetivo del Presidente estadounidense, Donald Trump, es «distorsionar el clima inversor» en la isla para castigarla económicamente por su papel en la crisis venezolana en favor de la estabilidad de Nicolás Maduro.
Además de no importunar a los aliados, otro de los motivos para no permitir las denuncias era evitar una avalancha que colapsará el sistema judicial estadounidense. Pues según explicó el abogado que coordina buena parte de los solicitantes potenciales dentro de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, con sede en Miami, Nicolás Gutiérrez, se calcula que podrían llegar hasta 200 mil denuncias.
Antes de que entrara en vigor, el Gobierno de México expresó su rechazo a la medida y destacó que no permitiría que ninguna del alrededor de 40 empresas presentes en Cuba se viera afectadas. La Unión Europea también anunció que llevaría a cabo sanciones contra empresas estadounidenses en el viejo continente si finalmente eso sucedía.
Pero lo cierto es que en el primer día en que entró en vigor el levantamiento de la suspensión, la compañía estadounidense de cruceros Carnival recibió una denuncia por el uso de los puertos de La Habana y Santiago. También denunció la petrolera Exxon (antigua Standard Oil) contra la compañía estatal cubana.
Por el momento quedan fuera la francesa Pernod Ricard (en una mixta para el ron Havana Club) y las hoteleras españolas Meliá e Iberostar que gestionan hoteles de propiedad estatal.
Estas compañías sirven de ejemplo para algunos de los casos de empresas mexicanas en riesgo como por ejemplo el de la cerveza Sol: pese a no ser poseer ninguna propiedad confiscada, se distribuye en hoteles que sí fueron confiscados y que la podrían denunciar por ello.
Aunque, según López-Levy, la activación del Título III tendrá más afectaciones sobre las empresas que estén pensando entrar en Cuba o desarrollar nuevos proyectos.
Es el caso del grupo Posada que tras intensas negociaciones consiguió hacerse con la gestión de dos hoteles en la isla el año pasado, empujado por el fuerte incremento del turismo mexicano que superó el 20 por ciento en 2018 y que ahora deberá decidir si lleva a cabo el proyecto con el riesgo que suponen las nuevas sanciones.
En 2019, México se ha consolidado como el quinto socio comercial de Cuba, sólo superado por Venezuela, China, España y Canadá y destaca su presencia en sectores como salud, deporte e importación/exportación. A causa del colapso de la economía de Venezuela, la isla está muy necesitada de inversiones extranjeras.
