EL ataque armado registrado en el carril de carreras Santa Teresa, en el tramo Parral–Jiménez, que dejó un saldo de siete u 8 personas sin vida, entre ellas tres jefes de la célula Gente Nueva del clan Salgueiro-Nevárez, deja en claro represalias y perfiles criminales detrás del ataque.
También es otro golpe más a la inseguridad que se vive en el Estado, pues escalo nacional e internacionalmente. Con decirle que el Congreso del Estado casi se pone de luto otra vez, y con otro diputado priísta, pues Arturo Medina, Coordinador de los Diputados del PRI le pasaron los balazos casi encima.
La agresión, atribuida a integrantes de La Línea, sobre todo a Ricardo Arturo Cantón López, conocido como El Piporro, señalado como líder en la región de Jiménez.
Autoridades estatales lo ubican como operador de La Línea desde hace varios años. Fue detenido en 2015 y recluido en el penal Aquiles Serdán por actividades ligadas al crimen organizado en la zona sureste del estado. Su entorno familiar también ha estado vinculado a hechos violentos: su hermano, Uriel Alberto Cantón López, alias El Doctor, fue ejecutado en Jiménez en 2013, siendo jefe de plaza. Su cuñado, Gibrán R. S., conocido como El Mocho o El Fresa, fue detenido en 2020 junto con su esposa Daniela Cantón López por delitos de homicidio y narcotráfico. Durante el encarcelamiento de El Piporro, El Mocho mantuvo el control de la plaza.
Tras obtener su libertad, El Piporro retomó la jefatura criminal en Jiménez y zonas cercanas, donde se le identifica al frente de una célula conocida como Los Fénix, dedicada al tráfico de drogas, robo de combustible, extorsiones y secuestros.
LUEGO de 14 años de haber sido propuesta por primera vez, el Congreso del Estado prevé aprobar hoy martes una reforma que incorporará la figura de alienación parental tanto en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como en el Código Civil de Chihuahua, a fin de atender conflictos familiares en los que uno de los progenitores influye negativamente en los hijos para provocar rechazo hacia el otro.
La iniciativa, presentada en septiembre del año pasado por el diputado del Partido Acción Nacional Carlos Alfredo Olson San Vicente y originada hace más de una década, finalmente avanzó tras ser analizada por la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores, presidida por la panista Edna Contreras, y en la que Olson funge como vocal,
A diferencia de 2011 cuando el entonces diputado Héctor Ortiz presentó la iniciativa y nunca fue analizada ni aprobada, ahora solo dilató un año y dos meses para aprobar el establecer que las autoridades deberán identificar, prevenir y sancionar conductas que afecten la relación de niñas, niños y adolescentes con alguno de sus padres.
El proyecto también introduce herramientas para los jueces en procesos de divorcio, como medidas de protección y acciones correctivas cuando la manipulación reiterada represente un riesgo para el desarrollo emocional de los menores, pero se señala que la Suprema Corte ha subrayado que la pérdida de la patria potestad solo puede determinarse caso por caso.
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