Luego de que en sesión privada los ministros de la Corte acordaron resolver prioritariamente los asuntos promovidos por la PGR contra los gobiernos de Javier Duarte, en Veracruz; César Duarte, en Chihuahua, y Roberto Borge, en Quintana Roo, el máximo tribunal enlistó los asuntos para ser discutidos el lunes 5 de septiembre.

En las acciones de inconstitucionalidad 58/2016, referente a la ley anticorrupción del estado de Chihuahua, el ministro José Ramón Cossío Díaz, y en la 56/2016, de Veracruz, Javier Laynez Potisek, solicitarán a sus compañeros del pleno votar a favor de dar la razón a la PGR, conforme a los argumentos anunciados por la Presidencia de la República, e invalidar ambas leyes, al considerar que violentan los artículos transitorios de la reforma constitucional de 2015 en materia de corrupción, por haberlas emitido con anterioridad a que se conocieran las bases nacionales para configurar los sistemas locales en el tema.

Esas bases, según la reforma, deberán ser plasmadas en las leyes generales que habrán de emitirse en la materia y que todavía están en proceso de discusión legislativa, por lo que Javier Duarte ni César Duarte, así como los Congresos locales de Veracruz y Chihuahua, son competentes aún para promulgar sus leyes anticorrupción.

Esto, no significa que las legislaturas locales estén impedidas para emitir sus propias leyes en materia de responsabilidad de servidores públicos y anticorrupción, sino que deben esperar a que se aprueben y entren en vigor las leyes generales, para que las locales se homologuen y se ajusten al sistema federal.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas, en julio pasado, por la PGR a petición del presidente Enrique Peña Nieto, en particular en el caso del gobierno de Javier Duarte, por la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Veracruz, en la que se creaba la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular duraría cinco años en el cargo; así como una nueva Sala Superior en la materia, en la que sus tres integrantes serían inamovibles por 10 años, y la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para la entidad, en la que se establecía que el informe de fiscalización de la cuenta pública fuera entregado antes de que deje el poder, lo que ocurrirá el próximo 30 de noviembre.

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