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LA liberación de presuntos integrantes del crimen organizado vuelve a exhibir una constante de lo que ocurre en Chihuahua: los comunicados triunfalistas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no coinciden con la realidad de cómo se realizan las detenciones.
Fuentes cercanas a las investigaciones señalan que muchas de las aprehensiones que la SSPE presume como “golpes contundentes” contra los llamados generadores de la violencia llegan a la Fiscalía plagadas de errores, omisiones y narrativas que poco o nada tienen que ver con lo ocurrido en el terreno. El resultado es predecible: jueces ordenando liberaciones por detenciones mal integradas.
El problema no es menor. Mientras en los boletines se habla de operativos impecables, armas aseguradas y dinero incautado, en los expedientes aparecen inconsistencias que debilitan por completo los casos. Versiones alteradas, fallas en el debido proceso y errores básicos terminan por convertir supuestos éxitos en derrotas jurídicas.
Esta práctica no solo deja libres a personas vinculadas con estructuras criminales, sino que también alimenta la percepción de simulación institucional. Se presume combate frontal a la delincuencia, pero en la práctica se entregan carpetas tan frágiles que no resisten el primer análisis legal. Y como último de los muchos ejemplos está el caso de Eslith Jenifer P. M., señalada como presunta pareja sentimental de Jesús Omar Arvizu, alias “El Puma”, identificado como líder criminal que opera en la región de Madera, quién habría recuperado su libertad pese a haber sido detenida por policías estatales presuntamente armada y en posesión de 660 mil pesos en efectivo que era la nomina del grupo armado.

EN la Ciudad Deportiva, centros comerciales, plazas y otros puntos altamente concurridos se ha vuelto cada vez más común ver reuniones de jóvenes que utilizan estos espacios como escaparate para presumir automóviles y hacer retumbar motores como si se tratara de una pista clandestina. El problema comienza cuando la exhibición se transforma en imprudencia. De un momento a otro, varios entran en “modo Toreto” y empiezan a realizar arrancones, giros bruscos y maniobras peligrosas que ponen en riesgo no solo su integridad, sino la de familias completas que acuden a estos lugares a realizar actividades cotidianas.
Un video que llegó a Sin Pelos en la Lengua muestra claramente lo ocurrido en el estacionamiento de Soriana Homero, donde varios jóvenes viajan incluso sobre un automóvil mientras el conductor realiza acrobacias, sin ningún tipo de control ni medida de seguridad, como si el estacionamiento fuera un set de película y no un espacio público.
Lo más preocupante es que este tipo de conductas no son nuevas ni aisladas, pero la autoridad vial parece ser la única que no se da por enterada. La omisión persiste hasta que ocurre una tragedia.
Mientras tanto, los estacionamientos siguen funcionando como pistas improvisadas.

LA confrontación política subió más de tono luego de que la diputada federal Lilia Aguilar Gil (PT) lanzara un reto directo a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, para enfrentarse en un debate público por la polémica reforma a la Ley de Aguas Nacionales aprobada en el Congreso de la Unión, y hoy martes 16 de diciembre seria la fecha.
Tras varios intercambios incendiarios en redes sociales, el choque entre representantes de la llamada 4T y el bloque PRIAN pasó del teclado a la arena pública, donde ambas fueron emplazadas a medir argumentos y no solo descalificaciones, en cualquier “ring”.
Aguilar Gil dejó en claro que no ha huido al debate, como se le acusó desde el panismo, y negó versiones sobre una supuesta ausencia por vacaciones. Aseguró que sigue en funciones y lista para defender la reforma frente a quienes, dijo, han desinformado deliberadamente sobre el tema del agua para generar temor entre los productores del estado.
El enfrentamiento no se quedó en lo técnico. La legisladora petista arremetió con calificativos como “ignorante” y “carroñera” contra Daniela Álvarez, a quien acusó, junto con el senador Mario Vázquez Robles —a quien señaló como su esposo—, de intentar manipular a los agricultores chihuahuenses usando la reforma como arma política.
“Los vamos a dejar en evidencia”, sentenció Aguilar Gil, al advertir que el debate servirá para exhibir lo que calificó como mentiras y oportunismo político, asegurando que está más que lista para “darles su medicina” frente a la opinión pública.
Así, el tema del agua en Chihuahua dejó de ser solo una discusión legislativa y se convirtió en un ring político donde los golpes verbales ya están lanzados y el debate promete más que argumentos técnicos.

 

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