En seguimiento a los compromisos adquiridos por Gobierno del Estado con el colectivo de víctimas del caso denominado “Villas de Salvarcar”, el Gobernador constitucional del Estado, Javier Corral Jurado asumió la responsabilidad que corresponde a su administración relacionada con profundizar en las investigaciones, en el derecho que las familias tienen de conocer la verdad y el acceso a la justicia.
Fue entonces que el mandatario instruyó en primera instancia a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) a coordinar las acciones tendientes a lograr la reparación integral del daño a favor de las personas afectadas.
Se solicitó a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI) realizar las gestiones y trámites jurídicos pertinentes con el objeto de lograr la adjudicación y demolición del bien inmueble donde se originó la tragedia, actualmente se avanza en la construcción de un memorial u oratorio solicitado por las familias, mismo que estará listo a la brevedad.
Cabe mencionar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), atendiendo a los derechos de toda víctima y dentro de los cuales se procura garantizar el acceso de éstas a una reparación integral, por lo que se trabaja en lograr su inscripción formal en el Registro Estatal de Víctimas, donde a la fecha se han recibido 103 solicitudes del caso “Villas de Salvarcar”.
Como parte de los compromisos asumidos por la CEAVE se mantienen reuniones y comunicación constante con las familias y su representante para dar continuidad al plan de atención integral, entre lo que destaca la designación de dos asesores jurídicos para brindar acompañamiento durante los procesos jurídicos pendientes.
De igual forma esta institución promueve las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Asimismo, se trabaja en coordinación con otras dependencias de Gobierno que se encuentran en el análisis de las acciones encaminadas a lograr la reparación integral del daño causado, toda vez que de acuerdo con la Ley General de Víctimas, tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.