Chihuahua.- Al estimar que las 12 las audiencias que han sido diferidas en los dos casos en que se señala a María Eugenia Campos Galván, por mal uso de recursos públicos, han generado un gasto total de 300 mil pesos al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, el Comité de Salud Pública y Defensa Ciudadana de Morena interpuso ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja formal ante las constantes suspensiones provisionales para evitar sujetar a proceso a la alcaldesa con licencia.
Así lo dijo este miércoles el suplente del diputado Gustavo de la Rosa Román Alcántar Alvídrez, al presidir una rueda de prensa alterna a la que ofreció a la misma hora en esta capital el abogado Oscar Castrejón Rivas, quien también habló sobre esta queja formal ya que hasta ahora ocho de los trámites están relacionados en el expediente conocido como “nómina secreta”, mientras que otros cuatro con el que se ha llamado “Maru moches”.
Pareciera, dijo Alcántar, que “hay un interés del Poder Judicial para propiciar la impunidad de Campos Galván para que evada la acción de la justicia, tal y como lo ha logrado hasta la fecha el líder del “perverso clan Duartista”, el ex gobernador Duarte, quien desfalcó las arcas del erario de Chihuahua con muchísimos millones de pesos”.
Agregó que como si fuera poco el dinero robado al presupuesto chihuahuense, los gastos que origina la convocatoria a diligencias y su diferimiento representan otro perjuicio para los chihuahuenses, pues con ese dinero bien podría adquirirse, por ejemplo, equipo digital para presenciar las audiencias públicas desde el exterior de las salas.
Lo que más lastima a los chihuahuenses, expuso, es “la burla que hace la candidata Campos Galván con relación a las acusaciones que pesan en su contra al omitir su asistencia a las audiencias informativas aún cuando es la inculpada, y cuando ha asistido, se ausenta de forma intempestiva sin motivo ni autorización de la autoridad; además de llegar tarde a las citas judiciales, entrar por lugares privilegiados y mostrarse irrespetuosa hacia la representación social (el Ministerio Público) y proporcionar su defensa información falsa al juez de Distrito para obtener las suspensiones provisionales”.
