Chihuahua.- Por violación a leyes y normatividad presupuestal, negligencia administrativa y abuso de autoridad, la Contraloría del Estado ha inhabilitado hasta ahora a 28 funcionarios públicos, casi todos de la administración estatal anterior y al menos seis de ellos concluirán su “castigo” este año.
De acuerdo con la página de transparencia del Gobierno del Estado, entre los que pronto podrán ejercer de nuevo como funcionarios si tienen suerte, está el ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, ex diputado federal priista y ex titular de la Junta de Aguas Maurilio Ochoa Millán, quien fue inhabilitado del 4 de octubre de 2018 al 2 de octubre de 2020 por negligencia administrativa.
También este año concluye su castigo el ex titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento Raúl Enrique Javalera Leal, inhabilitado del 8 de noviembre del 2018 hasta el 8 de noviembre de 2020 por violación de leyes y normatividad presupuestal.
Hasta el 2022 fue inhabilitado el ex secretario de Desarrollo Social y ex titular del Colegio de Bachilleres José Luis García Rodríguez, inhabilitado por abuso de autoridad del 10 de octubre de 2018 al 10 de octubre de 2022, luego de que fue denunciado por la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres Emma Saldaña.
El ex titular de varias dependencias como el Registro Civil, de la Dirección de Validad, de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, y de Educación, Cultura y Deporte en tiempos de Duarte Ricardo Yáñez Herrera, fue inhabilitado por cinco años que comprenden del 4 de octubre de 2018 al 4 de octubre de 2023.
En la lista también aparecen el coordinador administrativo y de servicios de la Secretaría de Hacienda durante el sexenio de César Duarte, Ever Eduardo Aguilar Sandoval; la coordinadora de cajas de Recaudación de Rentas de la Zona Norte, Norma Hilda García; el ex presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cuauhtémoc Sergio Venzor Gardea y su tesorera Aracely Lozoya Corral; y el director Técnico de la Junta Central de Agua y Saneamiento Carlos Daniel Alonso Guzmán.
Además, la enfermera Luz María Batres Gómez que vendía plazas en el Centro de Salud; el medico Miguel Guadalupe Pérez Puente por negligencia administrativa; el ex jefe de la Sagarpa en Ricardo Flores Magón, Jorge Chao Huerta por acoso sexual; el maestro Guillermo Ibarra Parga por abuso de autoridad; así como un ex funcionario del gobierno de Javier Corral, Héctor Armando Alvídrez Velarde, quien fue inhabilitado por dos años en el servicio público por violar las leyes y la normatividad presupuestal.
Otros ex servidores inhabilitados son el ex secretario General de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Coespris, Jorge Arturo Ostos Molina por negligencia administrativa al haber dispuesto en 2013, de un millón de pesos para la compra de un equipo, que nunca adquirió; y cuya inhabilitación se registró hasta 2017 por un periodo de 10 años.
Por el presunto desvío de seis millones de pesos del erario, el ex director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas (FIDEAPECH) del gobierno de César Duarte, José Lázaro Joaquín López Ramírez, fue inhabilitado solo tres años.
Con sanciones que van desde 1 hasta los 10 años de inhabilitación, es decir que ha sido objeto de una sanción administrativa que consiste en la privación o prohibición temporal al servidor público para desempeñar un cargo o comisión, estos servidores públicos en su mayoría, 22, fueron denunciados por otros servidores públicos.
En dos de los casos, se debió a una denuncia ciudadana, en otros tres casos por acciones de la auditoría del órgano interno de control y en un caso por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que fue el caso del ex secretario de Salud en tiempos de César Duarte, Basilio Ildefonso Barrios Salas, quien fue inhabilitado dos años, de 2019 a 2021, por violación leyes y normatividad presupuestal.
