EN Morena hay una palabra que parece pesar más que los principios, los acuerdos y hasta el famoso proyecto colectivo: ambición.
La disputa por la coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua comienza a exhibir algo que en política suele ser más revelador que cualquier discurso: qué hacen los aspirantes cuando descubren que quizá no serán ellos los elegidos.
Y en el centro de la polémica aparece Cruz Pérez Cuéllar.
De acuerdo con las versiones que circulan al interior del partido, el exalcalde de Ciudad Juárez estaría inconforme ante la posibilidad de no quedarse con la coordinación y, con ello, perder la ruta directa hacia la candidatura de Morena a la gubernatura.
El problema es que en política una aspiración puede ser legítima; convertirla en obsesión ya es otra historia.
Porque si Morena presume que el movimiento está por encima de las personas, entonces habrá que ver qué tan cierto es cuando el nombre propio comienza a pesar más que el proyecto.
El verdadero examen para cualquier aspirante no ocurre cuando las encuestas lo favorecen. Ocurre cuando no le toca.
Ahí se descubre quién entiende la disciplina partidista, quién respeta acuerdos y quién considera que la candidatura le pertenece por derecho divino.
La Presidencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes saben que el aferramiento, la indisciplina y la incapacidad para aceptar una decisión adversa suelen ser señales bastante incómodas. Y si las versiones sobre el supuesto berrinche de Pérez Cuéllar son ciertas, Morena estaría ante una contradicción monumental: un movimiento que predica el interés colectivo mientras algunos de sus protagonistas parecen estar peleando, precisamente, por su propio interés.
El ego de Cruz Pérez Cuéllar se sienta en la cabecera de la mesa, y el proyecto colectivo termina convertido en simple botana política.
LO que debería ser una de las áreas más sensibles de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) enfrenta una tormenta interna. Trabajadoras de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVI) y de la Unidad de Niñas, Niños y Adolescentes (UNNA) han denunciado presuntos casos de acoso laboral, maltrato psicológico, humillaciones, discriminación, clasismo, gritos e insultos que atribuyen a la subdirectora Verónica Pacheco.
De acuerdo con los testimonios recibidos, Pacheco asumió la responsabilidad de ambas áreas sin que, según las inconformes, exista el perfil especializado necesario en perspectiva de género, atención a víctimas, derechos de la infancia y protocolos de actuación.
La gravedad de los señalamientos radica en que quienes deberían atender a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia aseguran estar trabajando bajo un ambiente que, paradójicamente, también estaría generando desgaste, presión y afectaciones entre el propio personal.
Las denunciantes aseguran que ya existen reportes relacionados con presunto acoso laboral y que incluso han solicitado la intervención de personas externas y especialistas en género y hostigamiento laboral. Sin embargo, afirman que sus reclamos no han encontrado respuesta suficiente por parte de los mandos superiores de la corporación.
A los conflictos laborales se suma, según las denuncias, una larga lista de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la UAVI.
Las inconformes aseguran que después de aproximadamente seis años de operación no existe una estadística integral que permita conocer con claridad sus resultados; además, cuestionan la integración de asuntos jurídicos, la elaboración de convenios y el seguimiento de casos.
También señalan una supuesta falta de acompañamiento adecuado para víctimas de violencia y refugios o casas de acogida.
La situación denunciada en la UNNA sería todavía más delicada.
Según los testimonios, existen fugas recurrentes de menores bajo resguardo, además de carencias de personal policial, atención médica e intérpretes para integrantes de pueblos originarios.
Las trabajadoras aseguran que los protocolos no estarían correctamente ejecutados ni armonizados con la legislación de protección de niñas, niños y adolescentes.
A esto se agrega otro problema: la falta de coordinación que, según las denunciantes, existiría con instituciones como la Fiscalía General del Estado y los sistemas DIF Estatal y Municipal.
Mientras las dependencias se pasan la responsabilidad, serían las funcionarias de turno quienes terminan enfrentando las emergencias con los recursos disponibles y bajo presión constante.
Las trabajadoras también denuncian jornadas superiores a las 45 horas semanales, además de turnos nocturnos y horarios especiales, situación que —advierten— estaría provocando casos de desgaste profesional o burnout.