Chihuahua.- Bajo el argumento de que la Constitución no se está respetando en Chihuahua respecto al tema del agua, el Congreso del Estado aprobó hoy dos iniciativas presentadas por el diputado del Partido Verde Alejandro Gloria, para pedir al Congreso de la Unión reformar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y garantizar el derecho de acceso al agua a las personas que habitan en las comunidades rurales, y para salvaguardar el derecho fundamental de la libre disposición del agua en varios municipios.
El dictamen de la Comisión del Agua fue presentado por el diputado Humberto Chávez, quien recordó que las iniciativas fueron presentadas en este mes de junio, en el marco del conflicto que se derivó por el pago del Tratado de aguas por parte del estado de Chihuahua, buscando que quede estrictamente claro en la Constitución la soberanía del país sobre las aguas nacionales, así como reforzar el derecho de las y los mexicanos al agua potable, ya que Chihuahua es un estado catalogado como desértico y semidesértico, condición que no favorece en lo más mínimo cuando de actividades del sector primario se trata, y además resulta ser que el agua de Chihuahua ha sido sobreexplotada, por lo que en un momento dado no solo afectaría al sector primario en sus actividades, sino también al consumo vital mismo de la población.
En el cuerpo del dictamen se rescatan varias disposiciones constitucionales que se están violando respecto el derecho al agua, consagrado en la Constitución, justo como dice en su artículo cuarto que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios”, lo que a decir de Gloria “evidentemente no está cumpliendo, dejando desprotegidos a los habitantes de la comunidad por realizar este hecho”.
Además, dice que la misma Constitución Política Mexicano, en su artículo 27, es muy clara con respecto al uso y aprovechamiento de tierra y agua de la nación, en la que se establece que “[…] se dictarán las medidas necesarias para […] el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural”, pero “es más que evidente, el hecho de que no se están llevando a cabo estas medidas, y al contrario, se están quebrantando, lo que en un futuro no muy lejano, puede provocar incluso la desaparición de la comunidad, por depender ésta, de dichas actividades económicas, las cuales no pueden llevarse a cabo sin agua”.
Al mismo tiempo, el artículo sexto de la ley reglamentaria del mismo artículo 27 de la Constitución, establece que “compete al Ejecutivo Federal adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales en materia de aguas, tomando en cuenta el interés nacional, regional y público. […]”; es decir que “efectivamente México debe cumplir con todos aquellos tratados o acuerdos en general que se celebren con el extranjero, sin embargo, la misma fracción establece la particularidad de que deberá tomarse en cuenta los intereses de la región a la que aplique”.
Dado que a su ver no se está cumpliendo con la normativa vigente, en el dictamen se solicita también que se cumplan con las disposiciones constitucionales que garanticen el libre uso y aprovechamiento del agua para salvaguardar el desarrollo y vida económica de las zonas rurales, en los municipios de San Francisco de Conchos, Camargo, Meoqui, Delicias, Aldama, Ojinaga, lo que incluye no abrir las compuertas de la Presa La Boquilla, y cerrar las de las Presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y la Luis L. León (Granero), a menos de que se haya garantizado previamente alguna alternativa viable y palpable.